Casi U$S53 millones por un pavimento que no para de agrietarse y arreglarse

Es el de 56 kilómetros de la ruta provincial 23, entre Palo Santo y Bañaderos que continúa siendo ejecutado por Rovella Carranza SA, aunque las continuas reparaciones sobre su traza, abren todo tipo de conjeturas sobre la calidad de los trabajos, de la precisión de los profesionales intervinientes en el diseño del proyecto y también del material empleado. Mientras, la firma se regodea en el extenso escenario político y judicial de los casos de constructoras, funcionarios y empresarios que se vincularon y enriquecieron con el Estado durante la gestión K. (Imágenes contundentes)
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1 / 6 - El periodista se apoya sobre el pavimento removido que es identificado con un un cono de tránsito. Un paisaje que se repite sobre la 23.
En 2010, la Dirección Provincial de Vialidad licitó la pavimentación de la ruta provincial 23, entre la ruta nacional 81 y 9, recayendo la obra en la firma Rovella Carranza SA que ofreció entonces hacerse cargo de los 56 kilómetros a cambio de 52.758.019 de dólares. Entonces la unidad de la moneda estadounidense estaba en 3,98 pesos, lo que suponía una inversión estatal de 209.976.915,62 de pesos.
Como el pavimento no concluyó, los costos se actualizan y el dólar hoy está en 13,65 pesos el desembolso es de 720.146.959,35 de pesos.
Cuando el proceso arrancó, la cuadra de pavimento costaba poco más de 375.000 pesos; hoy la misma extensión supera los 1.280.000.
Toda esta matemática y comparación, tienen su sustento a partir de los datos publicados por Rovella Carranza SA (www.rovellacarranza.com.ar) en su portal oficial.
A poco de abandonar Palo Santo, transitando la ruta 23 hacia el río Bermejo, el camino presenta una cantidad importante de parches, así como zonas definidas con conos de tránsito para identificar remoción y retiro de la capa asfáltica.
Del mismo modo, varias topadoras hacen un significativo movimiento de suelo a la vera del pavimento que, en decenas de tramos, luce con profundos baches y ondulaciones impropias de la naturaleza del terreno.
El conductor de una Toyota se detuvo cerca de un largo parche que exhibe una tonalidad más oscura que el resto del paisaje grisáceo del camino y tras observar a lo lejos como buscando el horizonte, recogió un trozo del pavimento removido. “Es una vergüenza el grosor y la capacidad de resistencia de esta capa; el material que están usando es completamente insolvente. No puede durar nada”, sintetizó el ingeniero cordobés que, según admitió espontáneamente, emplea el recorrido una vez al mes para inspeccionar una obra vial en Paraguay.
Los obreros se niegan a dar explicaciones sobre los trabajos y sólo se limitan a transmitir datos generales que no sirven para concretar una opinión precisa de las tareas. Ninguno quiso hablar del material que utilizan para la construcción de la capa asfáltica; también admitieron desconocer el grosor que deben emplear sobre la superficie a pavimentar.
Al margen de la información técnica o rigurosa, a los pocos conductores que circulan la zona como al periodista, les resulta sumamente extraño que se encaren trabajos de reparación de una obra muy nueva que aún no fue entregada. También la ausencia oficial para encarar las inspecciones de obra que deben ir más allá del cumplimiento temporal de los pliegos de condiciones y detenerse, principalmente, en la calidad de la mano de obra y del material que se usa.

¿LADRONES?
En 2010, el radicalismo aseguró que los costos determinados para pavimentar la ruta provincial 23 son “un robo a mano armada”, tras lo cual hicieron una presentación judicial, para lo cual expuso valores de obra muy diferentes a lo confiado en su página por Rovella Casrranza SA.
“En primer lugar, y lo que resulta más grave, es que salta con evidencia indisimulada la enorme diferencia de los valores entre rutas de características técnicas viales similares. Por un lado la apertura de ofertas de la ruta 26, arroja como resultado que el costo promedio del kilómetro de ruta es de 3 millones aproximadamente, mientras que en el caso de la ruta 23 el costo promedio es cercano a los 4 millones y medio. O sea, una diferencia por kilómetro de 1 millón y medio”, graficó la demanda.
“Nuestros primeros cálculos, realizados sobre la base de la ruta 28 (Las Lomitas-Posta Cambio Zalazar), daban una elevada suma en sobreprecios, pero con la confirmación de los valores de la ruta 26, es evidente que nos quedamos cortos. Si multiplicamos 1 millón y medio por los 80 kilómetros que tiene la ruta 23, el sobreprecio superaría escandalosamente los 100 millones”, amplió, aunque para el caso involucró el tramo General Belgrano – Palo Santo de la misma carretera, que, por otro lado, esta inconclusa, pese a que dirigentes del mismo espacio político aseguraron que fue completamente amortizado..
“En segundo lugar hay que tener presente que la ruta 26 financiada por el BID y por ende con requisitos más estrictos en cuanto a los antecedentes, se presentaron más de veinte empresas a ofrecer sus servicios, mientras que en la ruta 23, financiada por convenio entre Nación y la Provincia, donde las condiciones son menos estrictas, lo cual permitiría mayor cantidad de participantes, se presentaron solo cuatro empresas a ofrecer sus servicios”, apreció.

FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS
La capacidad de asombro dejo de ser un interrogante para los argentinos, acostumbrados a los distintos hechos de construcción. La obra pública enriqueció a cuanto osado individuo se sumara a la cadena de favores k. La última versión de la película “Me quede con un vuelto” tiene como protagonista a Juan José López, mano derecha de Julio De vido, que se sumó a la extensa lista de ex funcionarios que usufructuaron lo indebido, el propio patrimonio del país. López podría haber beneficiado a una empresa conocida por los ciudadanos de la provincia de San Luis
La empresa Rovella Carranza parece estar en la boca de la tormenta. Se le habría adjudicado el porcentaje más estupendo de la obra pública durante los días de la década ganada, el dinero obtenido permitió que los empresarios de la historia sin fin, tuvieran impunidad absoluta en las decisiones de cobrar y no cumplir, dejando inconcluso el desafió y el sueño de los argentinos.
RovellA Carranza es entre tantas empresas propietaria de edesal quien suministra y administra la energía en San Luis.
Hay preguntas que no admiten una respuesta inmediata pero permite sacar conclusiones propias.
¿Por qué Rovella Carranza realizó un aeropuerto en Santa Cruz, tierra prometida K y por consiguiente mojando la oreja del propio Báez?
¿Por qué se encontró maquinaria de la empresa Austral Construcciones en depósitos de Rovella Carranza?
¿Por qué se construyó el camino hacia Chile a través de una UTE cuyos socios eran Báez y Rovella Carranza?
¿Báez, López y Rovella Carranza son la misma cosa?

BAEZ - ROVELLA CARANZA
Pero la mayor operación del ingeniero López en los últimos tiempos se refiere a su vinculación con la empresa Rovella Carranza SA. Esta compañía, por presunta indicación directa de López, habría adquirido las acciones de la firma Gotti, que perteneció al cuestionado Lázaro Báez. A cambio de este menester, Rovella, con la directa colaboración de López, habría sido beneficiada con obras públicas, cuyos concursos se caracterizaron en ocasiones por falta de competencia y arreglos entre contratistas que el propio López se habría encargado de llevar a cabo. Todo, según fuentes políticas que sospechan que el secretario y algunos de colaboradores habrían utilizado a esta empresa para hacer sus propios negocios, asegurándole tanto los mencionados concursos como pagos de certificados incluso antes de su vencimiento.
Días anteriores, el empresario detenido Lázaro Báez cito a las empresas Rovella Carranza y Green como una de las más beneficiadas por el kirchnerismo
En el escrito presentado por el empresario, investigado por el juez Casanello, figuran las dos empresas puntanas que integraban el selecto grupo de contratistas de la obra pública durante el gobierno kirchnerista.
Lázaro Báez presentó un documento de 38 hojas, acompañado por las firmas de los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari. Afirma que no se puede probar el lavado de dinero y vuelve a apuntar contra funcionarios de la gestión kirchnerista al plantear que, si hubo delito como considera el juez, no controlaron las obras. Al mismo tiempo afirmó que lo quieren mantener preso a “como dé lugar”.
Entre las fojas finales del escrito, el empresario se despega de la afirmación que lo sindica como “el zar de la obra pública”, apela a información suministrada por el gobierno de Cristina Fernández sobre las empresas que más contratos realizaron con el estado, entre ellas Green y Rovella Carranza.
Seguramente la información será insuficiente para determinar que otro eslabón se sumará a esta infinita cadena de Korrupción.

Max Alfredo Berenfeld

Director.
Lic en Ciencias Sociales y Periodismo.
Integró 16 redacciones de medios gráficos de la ciudad de Formosa y de otros puntos de la Argentina, además de otras dos en Asunción, Paraguay.
Fue jefe de Redacción de los ultimos tres diarios en los que se desenvolvió.
Miembro de FOPEA.
Tiene 29 años de ejercicio de periodismo gráfico.
En la faz pública, se desempeñó como jefe de Prensa, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, durante 12 años.

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