¿Se puede vencer la corrupción y con un Estado gigantesco y torpe?

DESTACADOS 29/06/2016 Por
Hace unos cuantos años que los indicadores de percepción de corrupción de Transparencia Internacional nos estaban ubicando entre los países más corruptos del mundo.
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Para el año 2015, el índice de percepción de corrupción de esta ONG internacional sitúa a los países nórdicos (Suecia, Noruega, Holanda, etcétera) como los menos corruptos y a Corea del Norte, Irak y Somalia como los más corruptos. Argentina ocupa un poco honroso lugar 107 (sobre 168), con un grado de corrupción bastante mayor a Bolivia, Brasil, México, aunque un poco menos que Paraguay, Rusia o Vietnam, que ostentan el privilegio de estar en los puestos de mayor corrupción.
Afortunadamente, esta percepción se está transformando en una realidad como consecuencia de la aparición de arrepentidos, cinematográficos allanamientos, funcionarios asustados que revolean bolsos con dinero, etcétera.
Sin embargo, no se observa a los argentinos hacer una "mea culpa" y reconocer que hace unos cuantos años que teníamos la presunción de que el Estado argentino, en casi todos sus niveles y sus jurisdicciones, había sido tomado por asalto y estaba siendo objeto de una rapiña tan poco sofisticada y abierta que resultaba inconcebible que estuviera ocurriendo, con una buena parte de la población que seguía aprobando, a través de su voto, a quienes llevaban a cabo estas acciones. A lo sumo, se observan expresiones de incredulidad de la mayoría de la población, desilusión de algunos militantes que de verdad creían el mensaje que desde el anterior Gobierno y sus medios amigos se les "pasaba", y algunos fundamentalistas que, aun con todas las pruebas, siguen creyendo que se trata de una campaña mediática.
Si bien es cierto, estamos en las primeras reacciones y deberíamos darnos cierto tiempo, no mucho, por cierto, es preciso recordar que estos momentos de crisis e incredulidad son reiterados. Lo último que vimos fue cuando la población pedía: "Que se vayan todos", en 2002. Anteriormente, nos sorprendimos cuando nos mentían sobre la guerra de Malvinas que estábamos "ganando" y mucho más cínico aún, cuando la mayoría de la población, en 1976, pedía que "voltearan" a Isabel Perón por el desastre económico político que era su Gobierno; luego, las culpas fueron cargadas únicamente a los militares que lo hicieron.
Estas estafas que recurrentemente sufre la población son producto de nuestra propia indolencia, de nuestras contradicciones, de la falta de memoria. Sin embargo, es probable que hoy estemos ante evidencias tan crudas que debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad. Las evidencias de esta estafa se pueden ver hoy por doquier, en una infraestructura de servicios básicos destruida, en calles de nuestras ciudades, en rutas y caminos que son un riesgo permanente para los automovilistas, en las escuelas y los hospitales que ofrecen un espectáculo lamentable, en nuestra juventud que se está muriendo por el avance de la drogadicción, al amparo de funcionarios "estatales" inescrupulosos que facilitaron la expansión del narcotráfico para su beneficio personal, de asociados al Gobierno que cuentan nuestro dinero, que lo revolean en bolsas, en jueces, funcionarios y empresarios que no pueden justificar sus incrementos patrimoniales, etcétera.
Este panorama es muy desalentador e induce a comportarnos como aquellos que nos defraudaron, a evadir nuestros impuestos, a aprovechar cualquier oportunidad para zafar del respeto hasta de las reglas comunitarias más triviales con tal de no pagar el costo que su cumplimiento puede implicar. En definitiva, a entrar en un "sálvese quien pueda" que nos destruye como sociedad. Pero más desalentador todavía es observar, como ya dije, que estas situaciones han sido recurrentes en el tiempo y atraviesan todas las capas sociales.
La salida de esta situación difícilmente dependa de factores fortuitos, como que suba el precio de la soja y que esto coincida con una dirigencia honesta y capaz que no lo dilapide, o que aparezca un gobernante esclarecido y cambie nuestra manera de pensar. Es preciso reflexionar por qué nos pasan estas catástrofes, ensayar hipótesis y discutirlas, poner en marcha algunas medidas para cambiar esta realidad.
Particularmente, mi hipótesis es que existen dos factores concurrentes que crean el ambiente favorable para el desarrollo de estas prácticas delictivas y estos son: un Estado excesivamente grande y necesariamente débil, y un bajísimo nivel de respeto por los derechos de los demás, entre ellos, el de propiedad de los bienes, sean individuales o colectivos, por parte de nuestra sociedad. La combinación de estos dos factores es altamente tóxica y maximiza la posibilidad de asociación ilícita entre funcionarios estatales que administran el Estado como propio y privados que aprovechan esta circunstancia.
Un Estado grande y omnipotente, creado bajo el pretexto de que ciertas actividades no deben quedar libradas al lucro de los particulares, que se apropian de una buena parte del fruto de nuestro trabajo (supuestamente, para nuestro propio beneficio), ofrece una tentación irresistible para la connivencia entre funcionarios y particulares inescrupulosos, justamente para apoderarse de una parte de estos recursos para beneficio personal de ambos (ejemplo: obra pública con sobreprecios-contratistas inescrupulosos). Por una cuestión de dimensión, un Estado pequeño, que preste sólo los servicios esenciales, implica menos recursos y, por tanto, ofrece muchas menos oportunidades de ilícitos, además de ser de fácil control.
A su vez, un Estado muy intervencionista, que controla precios y cantidades y regula la mayor parte del desenvolvimiento de la actividad económica de los privados, también es una tentación para que un privado gane mucho dinero pagando a un funcionario que lo exceptúe de cumplir estas reglas (ejemplo: privados a los que la Administración Federal de Ingresos Públicos no sanciona por no pagar impuestos y retenciones a su persona). Por este motivo es mucho más conveniente que el Estado intervenga sólo en lo imprescindible en la economía, que minimice la cantidad de regulaciones y permita que la actividad privada se desarrolle en un marco de competencia y libertad.
La distinción entre Estado y mercado es un tema que ha dividido en espacio y en tiempo a las sociedades de casi todos los países, inclusive con similar o diferente grado de desarrollo. Así, por ejemplo, tenemos países desarrollados como Estados Unidos de Norteamérica o Australia a cuyos ciudadanos no se les cruza la idea de que ciertas actividades, que en otros países son desarrolladas por el Estado, no las lleve adelante el sector privado, como la mayoría de los servicios públicos, excluidos los netamente locales. Mientras que, simultáneamente, tenemos las democracias europeas desarrolladas, donde el papel del Estado, particularmente en servicios públicos, es bastante más importante.
Aquí entra a jugar la otra hipótesis, pues, a diferencia de los países desarrollados con una alta participación del Estado en la economía, en nuestro país, a pesar de que nuestra Constitución tiene una nítida raigambre liberal y de protección a la propiedad, no se ha creado una tradición de respeto a la propiedad, se trate de bienes de propiedad común o de otros privados. Los ejemplos de desprecio por los derechos de los otros en nuestra sociedad son cotidianos e infinitos (contaminar los recursos comunes, vandalizar los medios de transporte que son de todos, expropiar depósitos u otros bienes privados sin compensación adecuada, trapitos y manteros que ocupan el espacio público para beneficio propio, etcétera).
Por ese motivo, no es válido extrapolar a nuestro país las experiencias de las democracias europeas y conseguir un Estado grande y a la vez eficiente. En cualquier país de Europa, un evasor impositivo va a la cárcel y no tiene posibilidad de acogerse a una moratoria o un blanqueo o arreglar un plan de pagos con el organismo recaudador. Igual ocurre con un funcionario corrupto que estafe a sus conciudadanos, y difícilmente encontramos un juez que no aplique estrictamente la ley, así podemos seguir dando innumerables ejemplos.
El desprecio que tenemos por las normas, por los derechos del otro, junto con un Estado grande e intervencionista, ha ido acompañado de diversos flagelos. Así, hemos sufrido la amputación de 13 ceros en nuestra moneda como consecuencia de nuestra irresponsabilidad en la administración de los fondos públicos, la expropiación de nuestros ahorros, sea que estuvieran en los bancos o en el sistema previsional; estuvimos en default abierto o selectivo por más de 20 años de los últimos 35; de estar entre los 10 primeros países del mundo a principios del siglo XX pasamos a estar entre los primeros 30 en la actualidad; todos nuestros indicadores sociales se han deteriorado (al menos en términos relativos), etcétera.
Los gobiernos pasan y la corrupción continúa; la sociedad no ha advertido que no se trata de algo azaroso, de mala suerte o que elegimos mal nuestros administradores. Como dice el refrán: "La ocasión hace al ladrón". Es nuestra elección del Estado que preferimos, junto con nuestro comportamiento trasgresor, lo que crea la ocasión.
El interrogante que cabe es: ¿por qué, después de haber sido estafados tanta veces por el Estado o sus administradores, aún seguimos prefiriendo un Estado grande e intrusivo? Mi respuesta es que tantos años de Estado protector nos han quitado el coraje para enfrentar los desafíos de la competencia (interna y externa) y nos hace preferir lo seguro, aunque mediocre, al desafío de la innovación y la creatividad. Al vuelo bajo, el éxito opaco, mediocre y de poca exigencia y bajo riesgo, a la explosión de alegría que provoca el triunfo en condiciones exigentes y de mucho mayor riesgo que implican los grandes desafíos. Preferimos un empleo público de baja remuneración, poca actividad, pero riesgo nulo. Una protección contra el ingreso de productos extranjeros a salir a competir y ganar en el mundo. Somos desafiantes y ampulosos pero en las palabras y no en los hechos. Al mismo tiempo, con una creatividad maravillosa. Nuestros científicos, ingenieros, artistas, entre otros, se destacan cuando se animan a salir a competir y moverse según las reglas y las costumbres que predominan en otras sociedades.
También hay muchos ciudadanos que eligen la senda correcta del esfuerzo, la honestidad, pero que eligen tener un Estado grande y generoso, al creer que la corrupción se elimina con controles eficientes y honestos. Este es un punto de vista muy ingenuo. La historia de la humanidad, en general, y de nuestro país, en particular, muestra que no hay control que se resista a la codicia humana. Trátese de controles de precios, aduaneros, de precursores químicos para producir drogas sintéticas, etcétera. La historia también muestra que la eficiencia de un sistema de controles está en relación inversa con la cantidad de actividades y regulaciones a controlar. Llevado al extremo, el fracaso del comunismo en todo el mundo es una muestra clara de esta conclusión.
Se podrá pensar que esta es una propuesta muy simplista en términos del panorama dantesco de corrupción que hoy ofrece nuestra sociedad, lo cual podría ser cierto, pero también lo es que muchas veces los problemas más complejos se resuelven con las herramientas más simples. Aquí el instrumento es simple, lo complejo reside en cambiar la mentalidad de un pueblo que está convencido que para triunfar necesita del apoyo y la protección del Estado.

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