La pugna por el poder político aldeano se apoya en mantener una Justicia destartalada

Entre una mentira de campaña electoral formulada por Mauricio Macri, la desidia de la oposición o una connivencia entre esas partes con el Gobierno provincial seguramente debe hurgarse para encontrar una explicación precisa que ayude a justificar el desguace a que permanece sometida la Justicia nacional en Formosa.
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Los juzgados federales de la provincia de Formosa se manejan con subrogaciones desde hace varios años, tras la renuncia de Marcos Bruno Quinteros para pasar a integrar el Superior Tribunal de Justicia; la licencia de Eduardo Valiente por enfermedad y; la falta de habilitación de la unidad creada para Clorinda.
A este escenario de alta precariedad operativa, hay que agregar
la competencia múltiple de los juzgados, que incluye lo electoral y la atención de causas por delitos complejos, como el narcotráfico.
En Formosa tenemos varias causas sobre hechos de corrupción, algunas en trámite, otras que por desconocidas razones no fueron objeto de una investigación seria y también presentaciones que pasaran a la órbita provincial corriendo una suerte más que conocida ante el sometimiento de la Justicia ordinaria local al poder político.
Macri prometió enfrentar y derrotar al narcotráfico utilizando todos los recursos del Estado disponibles; aun no parece estar haciendo mucho por ese objetivo.
El Gobierno nacional no ha encarado aún la lucha contra el narcotráfico, un déficit que heredó y que se acrecentó en la última década. La tarea requiere que la voluntad expresada en los discursos se cristalice en una nueva organización y en una nueva visión que, juntas, inauguren una política de Estado.
La creciente presencia del narcotráfico en nuestro país es un fracaso de la democracia argentina, resultado que deberá revertir, porque el narcotráfico y el narcoterrorismo triunfan allí donde se debilitan las instituciones del Estado, a las que penetran y conquistan.
Además, estamos frente a un fenómeno complejo, en el que también intervienen graves déficits institucionales que dejan traslucir una falta de política de Estado de los últimos gobiernos, como la ausencia de un sistema judicial capaz de intervenir con éxito, de personal con preparación y de unificación de la pluralidad de organismos responsables de batallar al narcotráfico que actúan cada uno por su cuenta y sin la necesaria cooperación.
El interrogante que subsiste es si el gobierno del presidente Macri tomará el desafío de encarar en serio la lucha al narcotráfico, más allá de los discursos, o repetirá la omisión de sus predecesores. Recordemos que esta fue una de las promesas de campaña del actual presidente. Es una tarea difícil, que requiere de coraje, de recursos y de una nueva visión, y la implementación de muchas decisiones todas en la misma dirección. Y en todo esto el rol de la Justicia federal resulta clave, la misma que en Formosa carece de operatividad propia.

LA MIRADA POLITICA
Observadores políticos foráneos le adjudican un alto grado de candidez a la oposición formoseña, al identificarla como incapaz para trazar una estrategia que saque de la futura pelea política al gobernador Gildo Insfran. Para esos analistas, la única forma de apartar al veterinario que gobierna Formosa hace más de veinte años es de la mano de la Justicia.
La manera de utilizar esa herramienta puede sintetizarse así: “Los radicales, el peronismo disidente y el PRO aldeano, alineados al espacio político que gobierna el país; además disponen de un ministro en el gabinete presidencial, un senador nacional que preside la comisión bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y un diputado nacional que además integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Si con todo este poderío no logran imponer sus candidatos para ocupar al menos dos de los tres cargos vacantes en la Justicia nacional de Formosa y así ventilar ante esos estrados las muchas denuncias de corrupción en la obra pública que se le adjudica a la gestión del FpV, no parece tener mucho futuro la candidatura de Ricardo Buryaile a la gobernación a que aspira para 2019”. Así, Gildo Insfran vera nuevamente allanado su camino para la continuidad.
El propio Hernández viene de denunciar penalmente al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su cocinera, la formoseña Nélida Caballero, por presunto lavado de dinero. La presentación busca demostrar los hechos difundidos por el programa Periodismo Para Todos (PPT), de Canal 13, donde se exhibieron propiedades que no se corresponderían con los ingresos de Caballero.
La empleada doméstica de De Vido, que trabajó en El Calafate también para la familia Kirchner, según el programa televisivo, tiene un automóvil de alta gama y regaló una lujosa fiesta de 15 a su hija, según las imágenes difundidas en PPT.
Hernández ya había hecho una presentación ante la fiscalía federal de Formosa pero ahora se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py pese a la feria judicial de invierno para formular esta denuncia.
Sin embargo, el legislador no parece muy entusiasmado por empujar una estructura judicial que en su provincia busque determinar cómo se enriquecieron decenas de funcionarios provinciales, incluyendo el propio jefe del PEP.
¿Cuánto resistirá la estructura gildista a un juez federal que lo investigue en serio por lo hecho con la obra pública en la era kirchnerista?, ¿Cómo reaccionaran sus funcionarios si son compelidos a justificar el origen de sus patrimonios?, ¿Y cómo se mostraran muchos de los hoy sindicados testaferros de esos mismos funcionarios si son obligados a aclarar la procedencia de sus bienes?
Pero esta dejadez de la oposición es entendida también desde el ángulo de la connivencia, en el convencimiento de que existe un acuerdo con las autoridades formoseñas para que la Justicia federal sea integrada por hombres que responden a los objetivos políticos de Gildo Insfran. Bajo esta premisa, no pocos dan como hecho sellado que el abogado Edgar Juvenal Dantiak no ocupará el juzgado vacante de Formosa, quedando el lugar en poder de un conocido camarista de la Justicia ordinaria provincial. Dantiak es definido como un hombre afín al radicalismo.
Según los resultados del Concurso Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación, aprobado por la resolución 7/14 del Consejo de la Magistratura y su modificatoria, el orden de mérito del concurso 292 ubicó primero al abogado Lorenz Olivier Boonman, segundo Edgar Juvenal Dantiak, tercero Pablo Fernando Morán y cuarta Lilian Isabel Fernández.
La apuesta del Gobierno provincial y para la cual estuvieron moviendo todos sus hilos y contactos es que en la terna finalmente queden Lorenz Boonman y Lilian Fernández, dos magistrados de reconocida simpatía con el proyecto provincial, del cual incluso Boonman ofició de representante legal del partido gobernante en varios episodios electorales, bajo la conducción del apoderado del justicialismo local, Armando Cabrera.
¿Desidia en Macri; apatía y candidez en los hombres fuertes de la oposición o un acuerdo entre gallos y medianoche persiguiendo objetivos sectoriales? Sin dudas, en uno de estos argumentos descansa la desarticulación judicial, que lleva ya unos ocho meses.
La administración de Justicia, a pesar de los discursos que ahora se construyen desde los más altos niveles institucionales, sigue destartalada. Los niveles de impunidad ya ni conmueven a una sociedad que no ha querido conceder a este organismo la importancia que tiene.

Max Alfredo Berenfeld

Director.
Lic en Ciencias Sociales y Periodismo.
Integró 16 redacciones de medios gráficos de la ciudad de Formosa y de otros puntos de la Argentina, además de otras dos en Asunción, Paraguay.
Fue jefe de Redacción de los ultimos tres diarios en los que se desenvolvió.
Miembro de FOPEA.
Tiene 29 años de ejercicio de periodismo gráfico.
En la faz pública, se desempeñó como jefe de Prensa, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, durante 12 años.

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