El Gobierno chaqueño entregó más de 300.000 hectáreas a aborígenes

REGIONALES 09/07/2015
“Fue una reunión fluida y cordial”, definió el presidente del Instituto de Colonización, Raúl John Paris.

De esa manera describió al encuentro mantenido en la noche del martes por el gobernador Jorge Capitanich con miembros del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), de la Asociación Mowitob, integrada por representantes de las etnias mocoví, wichí y toba, y el intendente de Fuerte Esperanza, Walter Correa, en el que se avanzó en detalles para el acuerdo de la entrega del título de propiedad colectiva de la Reserva Grande.Se trata de una extensión de 308.000 hectáreas que se erige en pleno Impenetrable chaqueño. Este territorio está en el Noroeste del Chaco, rodeando a Fuerte Esperanza. Quienes ocupan ese lugar son los wichí, quienes están establecidos en el norte de esa futura Reserva. Y de ahí derivan los inconvenientes con las dos etnias restantes, tobas y moqoit. “Se trata de avanzar para que sea una reparación histórica para todas las comunidades”, resaltó el funcionario. “Legítimamente los moqoit, que son la etnia minoritaria, decían que se quedaron sin tierras y las necesitan para el desarrollo cultural y productivo de sus nuevas generaciones”, acotó.
En sí, se trata de un proceso complejo, pero la iniciativa prevé otorgar un título comunitario similar al de las 150.000 hectáreas entregadas a la Asociación Meguesoxochi del Interfluvio Teuco-Bermejito.
“Se expusieron los avances y el estado de situación para lograr finalmente, con los consensos necesarios, la entrega del título de propiedad a los hermanos originarios”, explicó ayer Paris, en declaraciones a radio Universidad. En torno al consenso básico, dijo que resta el acuerdo de las comunidades criollas y además existen “algunas disidencias en el pueblo wichí en cuanto a la ocupación y representatividad de la entidad”.
En otro punto, explicó que un título comunitario como el que se otorgará una vez alcanzado el pleno consenso, es inembargable e intransferible y está “fuera del mercado”. “Son títulos que eternamente quedan para las comunidades originarias”, subrayó.
Paris contó que el gobernador requirió, durante la reunión, “un compás de espera” a fin de poder “solucionar todas esas rispideces y avanzar, previo consentimiento con entidades criollas y pobladores históricos del lugar”. En ese lugar, precisó, viven alrededor de 200 familias. “Hay gran porcentaje de familias que no tienen problemas en ser relocalizadas, siempre que el Estado garantice las mismas mejoras y la titularidad de las tierras en otras áreas”, indicó.
Asimismo, dijo que es necesario hacer “la pausa para comprender la reivindicación histórica que se debe hacer a las comunidades aborígenes y también las pretensiones de los hermanos criollos que están allí desde hace tanto tiempo”.

LA ENTREGA DE TIERRA
Acerca del acuerdo de 1917 que no se cumplió, el funcionario explicó que en tiempos en que Chaco era territorio nacional, los presidentes argentinos de la época hacían acuerdos con las etnias originarias. “En principio otorgaron 100.000 hectáreas y luego se fue agregando más superficie para conceder a los originarios la titularidad de la tierra”, comentó. Aquella modalidad data de la presidencia de Marcelo T. de Alvear.
“Después hay también decretos de gobernadores chaqueños que ratificaron esas legítimas pretensiones. Nos toca a nosotros llegar a un acuerdo. Lo que pretende el gobernador es que se haga una entrega efectiva y que también se contemplen los intereses de los pobladores criollos”.
“Hay una muy buena predisposición desde los integrantes de la Asociación Mowitob, que no tienen problemas en la convivencia, pero hicieron hincapié en la reivindicación real de ser los dueños originales de la tierra, que está contemplado en las constituciones de la Nación y del Chaco, sin perjuicio de convenios internacionales”, explicó Paris.
Para evitar malas experiencias, el titular de Colonización hizo foco en la necesidad de cumplir los compromisos asumidos por el Estado para los casos de familias que decidieron reubicarse y firmaron los respectivos convenios para obtener terrenos y mejoras. “En muchos casos el Estado incumplió porque no se otorgaron los beneficios y las mejoras. Por ese motivo, muchos volvieron a la Gran Reserva. Hay una deuda que estamos tratando de resolver, porque no sólo es una cuestión de tierras sino que también está vinculado con la explotación de la madera y la preservación de la flora y de la fauna”, repasó.
Recordó además que organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hicieron varias visitas a fin de evaluar un proyecto de asistencia que contemple la explotación de recursos, actividades productivas y asistencia a las comunidades originarias. “En este caso, se trata de mejorar la calidad de vida a través de un financiamiento de este organismo internacional”, indicó.
Asimismo, destacó que las mensuras de las 308.000 hectáreas están realizadas y aprobadas por la Dirección de Catastro, con las correcciones pertinentes. “Faltaría la consideración o no, dentro de la mensura, del parque provincial de Fuerte Esperanza, que está creado por ley”, indicó. Además existe un planteo del pueblo wichí, sustentado en un decreto del gobernador Ángel Rozas, que pretendía 100.000 hectáreas de reparación histórica.
“Muchas de las comunidades wichí están organizadas bajo asociaciones comunitarias con personería jurídica. Cuando viajamos a El Sauzalito con el gobernador, algunas comunidades manifestaron que debían tener el consenso previo de su comunidad para acceder la petición del gobernador”, reveló Paris.
En ese marco, consideró que “solucionando cuestiones técnicas y jurídicas con la debida consulta a los pueblos originarios, se podría avanzar en el otorgamiento del título de propiedad”. Sin embargo, el título comunitario no se entregará -según ratificó el gobernador- hasta que no se logre el pleno consenso, de modo de no transferir problemas a futuras gestiones de gobierno.

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