BENEFICIARIOS DE PENSIONES IRREGULARES PODRÍAN INCORPORARSE AL MERCADO LABORAL

DESTACADOS 17/10/2016 Por
Se apunta a insertar a miles de personas a un ámbito de trabajo formal al que están imposibilitados por los requisitos propios de la legislación que avala el beneficio estatal. La idea es que el Estado asuma el lugar de miles de ciudadanos allanándoles el camino para que resuelvan su futuro económico, tras una decisión adoptada en un escenario económico-político angustiante que no generaron.
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El senador Luis Naidenoff presentó un proyecto que exime de responsabilidades judiciales a los beneficiarios irregulares de pensiones por discapacidad. La misma iniciativa le retira la inhabilitación para trabajar a los miles de ciudadanos que usufructúan el subsidio estatal.
“Los formoseños no son responsables por la forma en que se manejó su gobierno ante determinados beneficios sociales”, dijo el parlamentario formoseño al justificar su iniciativa.
“El tema de las pensiones por discapacidad es que afecta a personas que de buena fe y en un contexto de extrema necesidad, accedieron a gestiones mediante el engaño de estar tramitando una beca o un empleo público, pero terminaron recibiendo una pensión por discapacidad”, planteó al profundizar su percepción sobre el contexto en el que se extendieron los beneficios.
“El Congreso varias veces extendió un perdón a quienes evadieron sus responsabilidades fiscales e incluso a algunos grupos que sacaron dinero del país para invertir en paraísos fiscales. Por eso no debemos confundirnos: con esto intentó que el Estado se ponga en el lugar de miles de ciudadanos que, apremiados por un escenario económico-político angustiante que no generaron, puedan hoy resolver su futuro económico”, enfatizó.
“El gobierno prefirió generar un modelo de poder apuntando a la dependencia de la gente por un subsidio o una pensión, antes que generar verdaderas oportunidades laborales” agregó.
El proyecto de Naidenoff busca devolver a los ciudadanos la oportunidad del trabajo genuino: “El problema se agrava cuando pensamos que estas mismas personas, ante la posibilidad de incorporarse al mercado laboral, se ven inhabilitadas para ello por la pensión que perciben, siendo éstas incompatibles con el trabajo en blanco, e irrenunciables”.
“La realidad de muchos de estos ciudadanos nos obliga a plantear propuestas conciliadoras, que les permitan mantener el beneficio hasta obtener un trabajo formal”, añadió.
“Hay que desterrar la hipocresía. Así como del 83 a la fecha se aprobaron cinco blanqueos para que quienes tenían dinero, propiedades y acciones fuera de la ley puedan regularizar su situación, con más razón hoy hay que avanzar en esta medida porque se trata de ciudadanos que en una situación límite fueron sometidos por el poder bajo engaño”, reafirmó.

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