Investigarán a la UNaF y a otras universidades por millonario fondo enviado por Cristina

DESTACADOS 15/11/2016 Por
Sólo entre noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional, repartiéndose el 70 por ciento de esos fondos a las nuevas universidades creadas entre 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires.
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El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a 52 universidades nacionales para que se investiguen los millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios de todo el país por parte del Gobierno kirchnerista.
“Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”, reclamó la denuncia a la que accedió DyN.
Marijuan presentó las denuncias por separado y distintos jueces de los tribunales de Comodoro Py 2002 fueron sorteados para analizar los fondos que recibieron las diversas universidades.
Se trata de las universidades de Buenos Aires, Catamarca, Del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Jujuy, La Matanza, La Pampa, La Plata, Del Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Del Sur, Tecnológica Nacional, Tucumán, La Rioja, Lanús, Tres de Febrero, Villa María, Patagónica Austral, De las Artes, Chilecito, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chaco Austral, Villa Mercedes, Avellaneda, Del Oeste, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Moreno, Arturo Jauretche, José C. Paz, Comechingones, Hurlingham, Alto Uruguay y Rafaela.
“Deberá investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a las universidades de todo el país”, sostuvo Marijuan.
En el dictamen al que accedió DyN, el fiscal sostuvo que “la complejidad de las maniobras podrían sumar otras calificaciones legales”, pero por ahora las maniobras habrán de investigarse como “malversación de caudales públicos”.
Según el fiscal, cada juez deberá analizar “el extenso período de tiempo investigado para determinar quienes son” las personas imputadas: hay que “determinar quienes han sido las autoridades universitarias así como los empleados de estas instituciones que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos recibidos desde el Estado Nacional”, dijo.
Solo “entre noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional, repartiéndose el 70 por ciento de esos fondos a las nuevas universidades creadas entre 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires”, señaló Marijuan en base a investigaciones periodísticas que también se presentaron como prueba.
El fiscal solicitó información a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Educación, en donde se detalló la totalidad de los montos transferidos del Estado a las Universidades en los últimos ocho años, y acompañó la prueba en soporte informático.
También la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación aportaron los listados con la individualización de los informes emitidos por ambos organismos entre 2006 y 2015, mientras que la Oficina Anticorrupción (OA) se encuentra haciendo una investigación preliminar sobre los convenios labrados entre la administración pública y las universidades.
Una causa investiga la novela de Andrea del Boca, por ejemplo, a raíz del convenio que se hizo a través de la Universidad de San Martín con el Ministerio de Planificación, subrayaron las fuentes.
Cada universidad no tiene obligación de rendir cuentas por su poder de autonomía y autarquía, añadieron. Tras esta investigación preliminar, dijo Marijuan, “corresponde denunciar e investigar la posible malversación de fondos públicos en que habrían incurrido las autoridades de la Universidad que nos ocupa -señala cada una de las 52 denuncias-, puesto que habrían recibido fondos estatales que podrían haber tenido un destino distintos al que realmente le fueron otorgados”.

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