Acusan a funcionaria de pagar con fondos públicos, el estacionamiento de su auto

DESTACADOS 04/01/2017 Por
Para muchos de los que trabajan en el Tribunal de Cuentas, arrogancia, prepotencia y discriminación constituyen las facetas más frecuentes y notorias de quienes integran la jefatura del área. La conducta se traduce además, en privilegios que traspasan las fronteras normadas, adoptadas sencillamente porque mantienen la firme creencia de que están por encima de los demás.
factura estacionamiento

El organismo tiene independencia funcional y la facultad de proyectar su presupuesto de gastos, adecuado a las pautas contenidas en el presupuesto general, de dictar su reglamento interno y de procedimiento para el ejercicio de sus facultades y la de designar y remover a su personal conforme con las previsiones que establezca el Estatuto General para el Empleado Público Provincial normado en el artículo 88.
El Tribunal de Cuentas tiene a su cargo el control externo de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda pública provincial y municipal; el examen de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas; aprobarlas o desaprobarlas; y el análisis de los hechos, actos u omisiones de los que pudieren derivarse perjuicios patrimoniales para la hacienda pública. En todos los casos, con competencia exclusiva y excluyente, declarar las responsabilidades que resulten, e indicar los responsables, los importes y las causas, con los alcances respectivos.
Puede, además, intervenir preventivamente, por sí o por funcionarios delegados, los actos administrativos que se refieren a la hacienda pública, y observarlos cuando contraríen o violen esta Constitución, o las leyes y reglamentos dictados en consecuencia. El acto observado se suspenderá en su ejecución y sólo podrá cumplirse cuando hubiera insistencia del Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros, o de los respectivos presidentes de la Honorable Legislatura y del Superior Tribunal de Justicia o Intendentes, debiendo remitirse, en estos casos, los antecedentes al Tribunal de Cuentas.
Tiene también atribución para ordenar auditorías a las dependencias provinciales y municipales públicas, privadas o mixtas que administren fondos públicos, en las que el Estado Provincial tenga intereses o hubiera garantizado materialmente su solvencia o utilidad, o acordado concesiones, privilegios o subsidios para su instalación o funcionamiento. Respecto de las empresas estatales o mixtas creadas por el Estado Provincial para la prestación de servicios comerciales o industriales, bajo un régimen de derecho público o privado, el control del Tribunal de Cuentas se efectuará exclusivamente mediante la designación de un síndico.

CLIMA PROPIO
El caso de la secretaria técnica del Tribunal de Cuentas traspaso, en las últimas horas, el acostumbrado control que mantienen de sus actos, tanto el presidente, Luis Nieves; los vocales Blanca Salcedo y José García del Villar y; el selecto y reducido grupo de funcionarios, completamente aplaudidor de las decisiones del trío conductor.
Con ingresos que sobrepasan los 150.000 pesos mensuales, compuestos por beneficios inimaginables para funcionarios públicos de la provincia más empobrecida del país, la cúpula del Tribunal de Cuentas vive dentro de un microclima que consiguió construir, envalentonado por el carácter reservado que tiene ante las muchas irregularidades contables que mantiene la mayoría de los intendentes formoseños y el propio Poder Ejecutivo provincial.
Además de suculentos viáticos, para solventar innecesarias actividades, en el organismo son corrientes los gastos superfluos que, en algunos casos traspasan lo normado. Y como tanta arrogancia y prepotencia mantiene un clima de agresividad y hostilidad manifiesta en la relación entre la jefatura del tribunal y los empleados, una de las maneras de ejercer reclamos está en los medios.
En las últimas horas, un funcionario de tercera categoría, hizo trascender una factura por la suma de 900 pesos que pagó el Tribunal de Cuentas en concepto de estacionamiento.
“El tema es que quien estacionaba era la secretaria técnica, pero el vehículo no era propiedad estatal, sino de su propiedad, lo que, obviamente, constituye una fuerte transgresión”, evaluó el informante, uno de los tantos contadores que se desempeña en el Tribunal de Cuentas.
“Sólo pretendí demostrar cómo se manejan las autoridades acá, con tanta impunidad y sin ningún tipo de decoro; muchos de ellos se creen una especie de dioses a quienes hay que rendirles pleitesía y agradecerles el trabajo; todo se sabe, sobre todo la manga de corruptos y pobre gente que son”, embistió, tras prometer más pruebas documentadas. "Es el precio de la impunidad, del silencio y de la complicidad ante quienes manejan el poder político", tiró, por último

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