Agrimensores rechazan imposición oficial y aseguran ignorar las motivaciones de oscuras medidas

LOCALES 07/07/2017 Por
Aseguran que los cambios introducidos oficialmente violan los derechos reales y que incidirán en los honorarios profesionales. Plantean que la nueva posición entorpecerá al tráfico inmobiliario y afectará la obtención de títulos de propiedad de los adjudicatarios, en la definición de proyectos productivos, en la división de condominios, en la subdivisión de los campos, entre otras implicancias.
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La Dirección General del Catastro Territorial acaba de poner en vigencia un nuevo requisito para la aprobación de los planos de mensuras, cual es la obligatoriedad de determinar los accesos a la vía pública de los inmuebles mensurados.
Este requisito, señalado como inconsulto por decenas de agrimensores, se dio a conocer a los profesionales de la actividad a través del colegio que los nuclea, quien comunicó la norma en el grupo de WhatsApp y por correo electrónico.
Preocupados y obviamente sorprendidos por la medida, los agrimensores que no pertenecen a la administración pública, - considerados los más perjudicados en el ejercicio de la profesión - convocaron a todos los colegas del medio, a una reunión que se realizó en el Consejo Profesional de la Agrimensura, a la cual invitaron a las autoridades del organismo de aplicación, - Dirección de Catastro de la Provincia - en espera de intercambiar ideas y tomar conocimiento de los fundamentos que originaron la norma; pero la titular del área no se hizo presente.
Ante la situación, los profesionales afectados redactaron una nota, previo asesoramiento legal, manifestando el rechazo a la medida y los motivos que la hacen de imposible aplicación, como la violación de los derechos reales y la incidencia en los honorarios profesionales.
La nota presentada este 5 de junio a la Dirección General del Catastro Territorial, no obtuvo respuesta y, por el contrario, el organismo sigue exigiendo el cumplimiento del acta de normas mínimas que deberán respetarse para la registración de mensuras en relación al acceso a la vía pública que fue suscripta en una fecha que se desconoce por los responsables de la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, la UPCA y la Dirección General del Catastro Territorial.
“Una vez más, es inexplicable que, los colegas que tienen el poder de decisión, ignoren que en los casos en que se deba atravesar una propiedad privada para determinar el acceso a la vía pública, no sólo se incurrirá en una ilegalidad sino que será necesario establecer una servidumbre de paso, cuyo procedimiento establece el Código Civil”, consideró un agrimensor de vasta trayectoria en el medio.
“Esta imposición entorpecerá al tráfico inmobiliario y, al mismo tiempo, tendrá consecuencias no deseadas, en la obtención de títulos de propiedad de los adjudicatarios, en la definición de proyectos productivos, en la división de condominios, en la subdivisión de los campos, etcétera; temas prioritarios en los planes del gobierno”, amplió.
Del mismo modo, para un importante número de agrimensores, “los funcionarios firmantes de la seudo-acta, demuestran el desconocimiento de la realidad local y de las decisiones del Gobierno provincial, que a partir de su máxima autoridad, apuesta a la actividad privada como generadora de ocupación y ascenso social”.

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