Para disponer en forma arbitraria los trabajos de mensura, Catastro aplicó brutales cambios operativos

LOCALES 15/07/2017 Por
Muchos profesionales del rubro aseguran que de esta manera, las actividades reservadas a los agrimensores que no dependen del Estado provincial podrán ser digitadas por las autoridades, disponiendo quien trabaja, y ejerciendo un indigno control de los ingresos y de la vida misma de muchos de ellos.
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La Dirección General del Catastro Territorial acaba de poner en vigencia un nuevo requisito para la aprobación de los planos de mensuras, cual es la obligatoriedad de determinar los accesos a la vía pública de los inmuebles mensurados.
Este requisito, señalado como inconsulto por decenas de agrimensores, se dio a conocer a los profesionales de la actividad a través del colegio que los nuclea, quien comunicó la norma en el grupo de WhatsApp y por correo electrónico
Los agrimensores que no pertenecen a la administración pública son los más perjudicados para el ejercicio de la profesión por esta medida. Ellos aseguran que los cambios introducidos oficialmente violan los derechos reales y que incidirán en los honorarios profesionales.
Plantean también que la nueva posición entorpecerá al tráfico inmobiliario y afectará la obtención de títulos de propiedad de los adjudicatarios, en la definición de proyectos productivos, en la división de condominios, en la subdivisión de los campos, entre otras implicancias.
El armado de una mera disposición que por la fuerza de los funcionarios actuantes pretende imponerse para abolir lo determinado por una legislación previamente establecida es lo que lleva a la conclusión de muchos agrimensores que el objetivo es monopolizar, relegando a los matriculados que no trabajan en la administración pública provincial.
“Los cambios en el trato y una conducta ahora distante y hasta agresiva en las cabezas de Catastro, de Tierras y de Topografía, tanto en los niveles provinciales como municipales sólo conducen a una mirada al momento de determinar las razones de los cambios”, reflexionó una agrimensora, de muchos años en la actividad.

EL RECHAZO
Un análisis independiente de ambas posiciones, determinó los alcances de la disposición de la Dirección de Catastro y consideró, respecto del trabajo conjunto para definir el camino vecinal entre la Vialidad y el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, que “sólo será posible en un predio de propiedad privada, en tanto y en cuanto existan antecedentes de mensura o la existencia previa de caminos que se puedan definir como de uso público. Y cuando se trate de la delimitación de un camino para una sola parcela, sólo podría configurarse la servidumbre de paso o de tránsito mediante acuerdo expreso entre el adjudicatario y el titular del predio sirviente o por la vía judicial y no por acción administrativa”.
En aval de esta mirada, el trabajo citó lo normado por el artículo 2166 del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre Servidumbre forzosa, el que determina que “nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa”. En ese sentido, recordó que son “servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública; la de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante, o para la población; y la de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías”. En el caso que el titular del fundo sirviente no conviene la indemnización con el de fundo dominante, o con la autoridad local si está involucrada la población, se lo debe fijar judicialmente. La acción para reclamar la servidumbre forzosa es imprescriptible. También es de aplicación aquí la prescripción del artículo 2169 que determina la prohibición de servidumbre judicial, pues “en ningún cado el juez puede constituir una servidumbre o imponer su constitución”.

NO PUEDEN
De esta formas, los agrimensores designados para la mensura del predio rural fiscal ya adjudicado no pueden ser compelidos a practicar mensura sobre predios de propiedad privada para determinar la existencia de caminos públicos preexistentes, o para determinar la traza de un camino vecinal; cuanto más, se les podría exigir el cumplimiento del artículo 207 del Código Rural, que determina que todo profesional con el título habilitante además de los ingenieros civiles o agrimensores que autoricen con su firma planos de inmuebles, están obligados a señalar en los mismos y mencionar en su informe escrito correspondiente a su trabajo, los caminos públicos existentes sea que se encuentren dentro del inmueble o en sus límites; es decir, siempre en el marco de la mensura del predio adjudicado en venta y dentro de sus límites.

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