Investigan certificación de obra no ejecutada en la ruta nacional 81, en territorio formoseño

LOCALES 15/09/2017 Por
Se identificaron "toneladas de asfalto no realizadas, habiéndolo reconocido la empresa indirectamente luego de la denuncia la irregularidad", indica un informe oficial
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Un informe de Vialidad Nacional refleja que desde 2016 a la fecha existen doce causas principales de corrupción abiertas sobre obra pública realizada durante el gobierno kirchnerista, más otras causas secundarias referidas a "irregularidades del personal, como falsificación de Títulos Secundarios y Universitarios, contrabando de celulares", entre otras. En total están sospechados 41 ex funcionarios, con diferentes cargos y jerarquías, muchos de los cuales se repiten en varias causas. Entre ellos la ex presidenta de Cristina Kirchner.
"Cuando se asumió al frente de Vialidad en 2015 nos encontramos encontró que la administración saliente había instalado un método irregular y poco transparente para el manejo de recursos públicos", indicaron desde el organismo a cargo de Javier Iguacel en el informe al que accedió Clarín.
El actual Ministerio de Transporte tiene un plan de inversión en cuatro años de 33.270 millones de dólares para infraestructura vial y de transporte. Quiere diferenciarse así, de la gestión que estuvo en manos de Julio De Vido como ministro de Planificación Federal, José López ex secretario de obras Públicas y de Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional.
A raíz de diversas auditorías internas que emprendió la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), se abrieron doce expedientes en los Tribunales de Comodoro Py desde abril de 2016 que involucran a 41 ex funcionarios del gobierno kirchnerista.
La de mayor renombre y que ayer fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal, es la causa por el direccionamiento de la obra pública entre 2004 y 2015, a favor de Lázaro Báez. Inició en 2008 por una denuncia de la diputada Elisa Carrió y tomó impulso con la auditoría aportada por Vialidad Nacional donde se planteó que el Grupo Austral fue beneficiado con 52 contratos "plagados de irregularidades", por $ 46.000 millones.
En función de las cifras millonarias que manejó Lázaro Báez, el Gobierno decidió rescindir los 25 contratos que no llegaban algunos ni al 50% de avance de obra. Así, el ahorro que generó quitarle a Austral Construcciones las obras, y relicitar aquellas prioritarias (como la autovía Caleta Olivia - Comodoro Rivadavia sobre Ruta 3) alcanza a $ 11.781.857.263,16.

NO FUERON LAS ÚNICAS DENUNCIAS
El listado incluye la liberación de la traza de la autopista Perón. Hubo irregularidades en las expropiaciones. Se denunciaron a ex funcionarios que asignaban indemnizaciones "más allá de las permitidas o con valores superiores a los fijados por el Tribunal Nacional de Tasación".
Muchos inmuebles que ya habían sido desalojados o liberados "volvieron a ser intrusados aun cuando sus ocupantes habían recibido indemnizaciones anteriores", indica la denuncia. Se sospecha que esto significó "un beneficio económico para los funcionarios involucrados".
Otro caso fue la denuncia por la deuda Necon SA. Se tramitaba la deuda con la citada empresa, "sin debido control interno y jurisdiccional". Según se planteó, el juicio continuó en forma normal pese a haberse pagado el monto reclamado por la empresa, "lo que significó costos adicionales al Estado".

EN FORMOSA
Se denunció además, la certificación de una obra no realizada en la Malla 505 (Ruta Nacional 81 provincia de Formosa). Se encuentran involucrados responsables de la empresa y "ex funcionarios de Vialidad Nacional".
Se certificaron "toneladas de asfalto no realizadas, habiéndolo reconocido la empresa indirectamente luego de la denuncia la irregularidad", indica el informe. Se completaron las obras certificadas en exceso y anticipadamente.
La Unidad de Auditoría Interna pudo corroborar "desprendimientos de material de las rutas (baches), falta de sellado de fisuras, desplazamientos laterales en varios sectores de la calzada, entre otros problemas de mantenimiento".
Otra situación irregular se dio con prestaciones adulteradas. En el Primer Distrito, Provincia de Buenos Aires se detectaron "irregularidades en la adquisición de bienes y servicios, adulterando la presentación de licitaciones de empresas o haciendo participar a empresas inexistentes".
La investigación de la Unidad de Ética y Transparencia de Vialidad, corroboró que desde Vialidad se "falsificaban documentos para simular una competencia entre distintos proveedores de una licitación", cuando en realidad sólo "determinadas empresas (en connivencia con funcionarios intervinientes) tenían conocimiento de la convocatoria y tal competencia no existía".
La ruta 7 de la provincia de Chaco fue otra obra fallida en manos de Lázaro Báez. La pericia realizada planteó que se habría "pagado sobreprecios, no se cobraron multas y no se solicitaron a la empresa los certificados de obra". La pericia está firme por no haber sido objetada por sucesión Adelmo Biancalani SA.
Otras denuncias se realizaron por irregularidades en la Ruta 3. Se apuntó contra ex funcionarios de Vialidad quienes, "para rédito personal utilizaban indebidamente la figura de la modificación de obra", con el fin de asignar a empresas determinadas tareas de mantenimiento durante varios años seguidos.
En Santa Fe se están investigando irregularidades en la cesión de terrenos en el 7° Distrito para construir una sede gremial en ese sitio. Los imputados, "cedieron el predio a una empresa constructora para realizar un emprendimiento inmobiliario de gran magnitud".
Las denuncias incluyeron a la Ruta Nacional 23 de Río Negro, donde se denunció a De Vido y otros funcionarios por irregularidades en la ejecución y contratación de obras con sobreprecios importantes del orden del 35%.

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