Continúa investigación por presunta venta Ilegal de una vivienda del IPV en Palo Santo

DESTACADOS 17/06/2015
El hecho tiene bajo la lupa a tres imputadas, una de ellas la médica Sandra Rossoli, sindicada prima facie como autora del delito de defraudación por estelionato. Por estas horas, la Justicia, está dando cumplimiento a nuevas medidas procesales para poder establecer el grado de responsabilidad que tuvieron las acusadas y determinar la verdad de los hechos.
Ampliar
En el recuadro pequeño, la medica acusada; la imagen amplia muestra a la casa en disputa.
El fiscal que investigó preliminarmente el caso, el doctor Lucio Leiva, consideró que era necesario instruir una causa judicial ante la existencia de un delito de acción pública. Así lo hizo la jueza de Instrucción y Correccional 5, Laura Karina Paz, quien ordenó una serie de diligencias procesales, medidas investigativas y, también, que las tres mujeres imputadas, Zulma Sánchez, Karen González y la doctora Rossoli comparezcan en su juzgado a prestar declaración.
Karen González está imputada del delito de usurpación, en tanto Sánchez y Roselli deben responder cargos por los delitos de defraudación por estelionato.
El propietario original de la disputada vivienda fue Teófilo Egues, un conocido vecino de Palo Santo, quien en las últimas horas se presentó en la causa pidiendo constituirse en parte de la misma en calidad de actor civil.
Si bien Egues fue legítimo adjudicatario de la unidad habitacional, cuando finalizaba el año 2011 perdió la posesión de la misma por decisión del Instituto Provincial de la Vivienda, cuyo administrador volvió a readjudicar la misma casa, esta vez a la doctora Roselli.
La decisión administrativa que tomó el IPV fue muy cuestionada por Egues, quien de buenas a primeras se quedó sin casa propia. Según el organismo provincial la vivienda estaba desocupada y su legítimo adjudicatario se encontraba viviendo en otro inmueble, además de registrar deudas por la falta de pago de las cuotas mensuales.
Durante todo este tiempo, Egues nunca dejó de reclamar sus derechos, ya que en la práctica la casa tampoco fue habitada por la doctora Roselli, quien entregó la vivienda para su cuidado y ocupación a otras personas.
Por allí también pasaron las otras imputadas de la causa judicial, e incluso la última persona en habitarla fue un tal Chirino, sobrino de la conocida medica correntina afincada en Palo Santo quien tuvieron que sacarle de la casa a través de una medida de lanzamiento ordenado por las autoridades competentes.
Las tres mujeres imputadas ya declararon ante la jueza Paz, quien por estas horas está dando cumplimiento a nuevas medidas procesales para poder establecer el grado de responsabilidad que tuvieron las acusadas y determinar la verdad de los hechos, ya que cada una de ellas dio una versión distinta de los acontecimientos buscando – como es lógico - defenderse y “despegar” judicialmente de los cargos endilgados.

Te puede interesar