Denuncian que el Gobierno montó una central de escuchas ilegales

NACIONALES 04/09/2015 Por
El legislador porteño Gustavo Vera asegura que la fiscal kirchnerista Cristina Caamaño montó una fuerza de tareas con empleados de la Procuración y militantes de La Cámpora
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Carina Aramos y el ex comisario Araya, en una foto que prueba el vínculo entre ambos
El legislador porteño Gustavo Vera denunciará este lunes en la Justicia que el Gobierno montó una central de espionaje político ilegal dirigida por la fiscal kirchnerista Cristina Caamaño, quien a la vez está a cargo de la Dirección de Observaciones Judiciales, la oficina encargada de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia.
Infobae tuvo acceso al escrito que Vera presentará. Allí, el también director de la Fundación La Alameda acusa a Caamaño y otros funcionarios nacionales por los delitos de "asociación ilícita, espionaje ilegal, extorsión y amenazas".
En la ley que el Congreso aprobó en marzo para reemplazar la Secretaría de Inteligencia (SI) por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se estableció que la Dirección de Observaciones Judiciales, históricamente conocida como OJOTA, iba a pasar a la Procuración General de la Nación. Se trata de la única oficina del país autorizada a realizar escuchas telefónicas, que deben estar ordenadas por un juez. La fiscal Caamaño quedó a cargo.
Pero según Vera, Caamaño no sólo se dedica a hacer escuchas legales, sino también ilegales y de tinte político. Según la denuncia, la "fuerza de tarea" fue creada "muy recientemente" y "está integrada por empleados y funcionarios kirchneristas de la Procuración, y fue 'fortificada', además, con distintos militantes de la agrupación La Cámpora provenientes de la ex SI".
Al parecer, siempre según la denuncia, el centro de operaciones de la Dirección de Observaciones Judiciales estaría repartido en dos sedes. Por un lado, en unas oficinas ubicadas en el primero y el segundo piso de la Procuración General de la Nación, en Avenida de Mayo 760, "en cuyos ingresos no se visualizan carteles identificatorios y cuyas puertas estarían siempre cerradas con llave, constituyendo áreas absolutamente restringidas". El escrito aclara que "cuando los empleados preguntan qué funciona en esos lugares, se les miente diciéndoles que hay in situ una auditoría externa financiero-contable". Allí se concentraría la pata legal.
El otro escenario funcionaría en "tres fincas contiguas ubicadas en la calle Estados Unidos 3045, 3057 y 3059, entre Urquiza y La Rioja", en las que supuestamente se asentaba la oficina de personal de la Secretaría de Inteligencia, pero que, según Vera, fueron un "cueva" del ex director de la dependencia, Antonio "Jaime" Stiuso. El día que echaron a este último, dos camiones se llevaron miles de expedientes de sus depósitos. Allí funcionaría hoy la pata ilegal de la OJOTA, a cargo de "cinco hackers y un grupo operativo de rompe puertas". El legislador pedirá que el lugar sea allanado.
En La Alameda creen que la estructura estaría siendo usada para espiar a personas tan diversas como los mapuches en Neuquén o estudiantes universitarios de La Plata.
Pero Vera asegura en el escrito que él también sería una de las víctimas de Caamaño y su gente. "Poseo información referente a que existiría un memo interno sin firma, pero con membrete oficial de la Procuraduría, donde hacía especial hincapié en el espionaje de los celulares, mail, mensajes y WhatsApp de 'los alamedenses' (sic según mi fuente). Es más, pude confirmar que se vertían los nombres y apellidos de mi persona, los dos letrados de la Fundación Alameda, Mario Fernando Ganora y Carlos Beizhun, otros miembros de la Fundación y mis asesores en la Legislatura porteña, Lucas Enrique Schaerer y Facundo Carlos Antonio Lugo, y mi asesor en seguridad y empleado asesor de la entonces ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré", precisa el texto.
La última persona a la que se refiere Vera y cuyo nombre no menciona es Jorge Rodríguez, un ex agente del Ministerio de Seguridad en la época de Garré, cuya segunda en la cartera era justamente Caamaño. Rodríguez se dedicó a investigar los negocios ilegales de las comisarías porteñas y la penetración del narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Y en mayo de este año denunció que sus ex jefas no hicieron nada con los 235 informes que elaboró. Rodríguez hoy está exiliado en Perú, ya que le retiraron la custodia pese a que recibió numerosas amenazas. Vera pidió que sea citado como testigo.
Hay dos antecedentes de peso en los que hace a escuchas ilegales en los últimos años. El más importante y que tiene en la mira al Gobierno nacional es el llamado Proyecto X, que tuvo como una de sus protagonistas a Nilda Garré, ex jefa de Caamaño en el Ministerio de Seguridad: son unos 500 documentos distribuidos en cinco discos obtenidos en un allanamiento al Centro de Reunión de Información de la Gendarmería en Campo Mayo que acumulan información recabada de manera ilícita durante años sobre dirigentes sociales y políticos.
El otro antecedente resonante es en la Ciudad de Buenos Aires, donde existió una estructura de espionaje paraestatal. En el expediente que la investiga está procesado el propio jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente, Mauricio Macri.

"CAAMAÑO ME ENTREGÓ A LOS NARCOS"
La relación entre Caamaño y La Alameda no siempre fue mala. Lejos de eso, fue cordial e incluso ella los recibió cuando la ONG aportó al Ministerio de Seguridad un listado de 60 comisarios corruptos. Confiaban en la funcionaria por su participación como fiscal en el expediente que investigó el homicidio Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. Pero hubo un punto de quiebre en los primeros meses de 2012, cuando Caamaño le levantó la custodia a una víctima de trata, Carina Ramos.
Según la propia Ramos y La Alameda, Caamaño la engañó, le dijo que la fundación en realidad trabajaba para la Policía Federal y la envió a Mar del Plata a la casa de un narco. Le dijo que la iban a tratar bien. Y se salvó de casualidad cuando un miembro de la ONG la reconoció.
Vera dijo en una denuncia judicial presentada en 2012 que Caamaño le aseguró en esos días que "Ramos había abandonado la custodia por propia voluntad y que no sabía dónde se encontraba". Le mintió.
Lo que sigue es el relato que Ramos hizo a la Revista Noticias sobre un diálogo que tuvo con el ex comisario Juan Antonio Araya, quien habría colaborado para frenar las investigaciones contra los prostíbulos en los que la mujer era explotada. La Alameda cree que allí está la explicación del retiro de la custodia. "Araya me cuenta: 'Hay un compañero mío de promoción que se la está volteando a la Caamaño, que es íntimo amigo mío, entonces con la Caamaño hago lo que quiera. Mirá qué bien atendida que la tiene, que me preguntó: 'Araya, qué subcomisario quiere que le mande a su comisaría'. Yo eso se lo comenté y me dijo que es cierto que lo llamó. Entonces, creo que ella está de novia con un amigo de Araya o con Araya, y por eso me entregó en manos de un narco para que me maten. Y cuando pedí ayuda, no le importó. Lo único que le interesaba era que Gustavo Vera no se enterara que me habían sacado (de Buenos Aires a Mar del Plata) con la Gendarmería".

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