Insfran busca respuestas judiciales ante reclamos sociales de su orbita

LOCALES 17/09/2015
El corte de la ruta nacional 95, encarado por aborígenes de varias comunidades cercanas a Subteniente Perín movilizó al Gobierno provincial a una denuncia penal buscando que una jueza le ponga fin a una exigencia social que hace tiempo vienen planteando los naturales de la zona.
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Los naturales mantienen cortada la ruta 96 a la altura de la comunidad Riacho de Oro.
El defensor del Pueblo, José Gialluca fue hasta el juzgado Federal 2, a plantear una demanda contra los autores materiales e intelectuales del corte de la ruta nacional 95 a quienes acusa de entorpecer “el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, tal como lo determina el Art. 194 del Código Penal. También le atribuyó al grupo de aborígenes la violación de la Constitución nacional, que prevé los derechos elementales de los ciudadanos.
De acuerdo con el vocero oficial, la denuncia “fue acompañada de una voluminosa prueba documental, que acredita, por un lado los distintos espacios de diálogos que se han mantenido desde principios del año en curso, tanto en la sede de la Defensoría del Pueblo, como en las distintas comunidades, con cada uno de sus representantes y además con los responsables de la Asociación Civil Da Añalec Lachigué y con José Martin Barrios, Sandalio Tanino y Mansilla Lelio entre otros”. Para el Gobierno provincial, “la misma prueba documental determina claramente la inauguración la nueva escuela 295 junto a su jardín de infantes, además de un sin números de beneficios que se fueron concretando como la construcción de viviendas para diferentes familias aborígenes de Riacho de Oro”.
Gialluca, señalo que entre los responsables principales como autor intelectual se encuentra el concejal de Subteniente Perin, Diego Romero, quien “no solamente posee intereses políticos y personales en la zona sino que también, por dichos de los autores materiales del actual corte de ruta, los arenga y les proporciona mercaderías y otras ayudas para que continúen con la medida”.
Invitó, finalmente al concejal Romero a “mantener democráticamente una reunión de trabajo en la Defensoría del Pueblo, para analizar las demandas de las comunidades originarias, sin criminalizar la protesta”.



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