La APDH le reclamó sentido común y responsabilidad política a Insfran

LOCALES 01/10/2015
El pronunciamiento busca que “cesen las políticas represivas contrarias a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales”, tras los hechos de las últimas horas que involucraron a aborígenes y efectivos de la Policía provincial.
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Ernesto Moreau, titular de la APDH nacional.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció “la violenta represión del 30 de septiembre de 2015 en horario nocturno”, cometidos por “miembros de las fuerzas policiales provinciales a un grupo de personas de la comunidad Namqom en Formosa”.
De acuerdo con un documento firmado por la mesa directiva nacional de la organización y por sus delegaciones de Balcarce, Chaco, Formosa, Mar del Plata, Río Tercero, Rosario, San Rafael, Santiago del Estero, Tucumán y Malargüe, “miembros de la comunidad se encontraban en la calzada de la ruta nacional 11 denunciando la discriminación en la asignación de viviendas dignas a través de los planes habitacionales implementados por los gobiernos provincial y nacional. La represión desatada fue violenta y salvaje, utilizando balas de goma contra los manifestantes, entre quienes había niños, niñas y mujeres, causando lesiones a una gran cantidad de personas”, aseguró.
El documento confirma, además, que el copresidente de la APDH, Ernesto Moreau, se comunicó con el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, a quien solicitó su intervención para “identificar y juzgar a los responsables materiales y políticos”. Aseguró que el funcionario local “se comprometió comunicarse con el Instituto Provincial y Nacional de la Vivienda”.
La delegación de APDH Formosa denunció los hechos, presentó un Habeas Corpus ante el juzgado de Instrucción 1 a cargo del Dr. Spessot y se reunió con los manifestantes.
“Apelamos al sentido común y a la responsabilidad política del gobernador Gildo Insfrán y a todos los funcionarios responsables de los tres poderes del Estado, para que cesen las políticas represivas contrarias a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales”, planteó la APDH finalmente al identificar a los responsables políticos del suceso.

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