EL GOBIERNO QUE CREE SER LA LEY, VIOLENTA EL SISTEMA

DESTACADOS 13/10/2015 Por
El espacio público es el lugar que está abierto a toda la sociedad, a diferencia del espacio privado que puede ser administrado o hasta cerrado según los intereses de su dueño. Pese a un sistema jurídico avalado constitucionalmente y por tratados internacionales, en Formosa impera, la decisión individual del gobernante por encima de toda esa estructura.
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Un espacio público, es de propiedad estatal y dominio y uso de la población general. Puede decirse, en general, que cualquier persona puede circular por un espacio público. En concreto, entre los muchos tipos de espacios públicos que existen destacarían las calles, las plazas, las escuelas, los hospitales, las bibliotecas, las paradas de colectivos, las rutas…
Lo habitual es que el espacio público sea aquel lugar destinado al uso social típico de la vida urbana, como un parque donde la gente puede acudir con fines de recreación o descanso.
La administración pública es la encargada de la regulación y la gestión del espacio público, fijando sus condiciones de uso. El gobierno de turno debe garantizar la accesibilidad del espacio público a todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo. Un espacio público, por ejemplo, no puede estar cerrado a cierta clase social y política o a determinada etnia.
Como escenario de la interacción social, el espacio público cumple con funciones materiales (al dar soporte físico a las actividades colectivas) y funciones simbólica (permite el intercambio y el diálogo entre los miembros de la comunidad).
Vivimos en un país de derecho. Gozamos del ejercicio libre de las libertades civiles, que el ordenamiento jurídico reconoce, tutela y forman parte de los derechos fundamentales. Entre estos tenemos la libertad de tránsito. Estos derechos son tutelados, desde la Constitución, de manera tal que la violación o amenaza de este derecho puede ser impedida por medio de un hábeas corpus. El impedimento a la libertad de tránsito en las calles sanciona dichos actos de violación al libre tránsito.
El derecho a la libre circulación íntimamente ligado al principio de las libertades personales, puede ser limitado únicamente por el Estado, ante un peligro inminente en aras de la seguridad de los ciudadanos o bien por la hipótesis de privación legítima de libertad individual.
El Estado está en la obligación de proteger y es responsable directo del cumplimiento de estos deberes fundamentales en beneficio de sus ciudadanos.
Deberá cumplir, en caso de ser violados, los derechos tanto individuales como colectivos y es ahí donde se ejecuta la máxima jurídica de que “mis derechos terminan donde inician los derechos de los demás”.
¿Por qué en Formosa se permite la violación del derecho de los ciudadanos a ejercer su libre tránsito por algunos de sus espacios públicos?
Lo vivido en los últimos meses en la Costanera capitalina, donde dirigentes de distintas organizaciones políticas fueron invitadas a abandonar la actividad proselitista que realizaban, es un desgraciado antecedente de como el sistema jurídico está invertido y que impera el deseo de sus autoridades políticas como norma de fondo.
Se trata de un fatídico ejemplo que muestra a un Estado en anarquía, en donde un gobernante manipula la ley de acuerdo con sus intereses políticos.

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