LA FISCAL DE ESTADO AL BORDE DE UN JUICIO POLÍTICO

DESTACADOS 29/10/2015 Por
Un abogado del foto, volvió a pedir la prescripción de una querella y exigió la destitución de la funcionaria a la que acusó de generar una maniobra distractiva para evitar los graves cargos que le formulara el mismo letrado.
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Stella Zabala.

En un extenso escrito presentado al juez que entiende en una causa iniciada por la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, el abogado Alfredo Barberis reclamó la prescripción de la acción penal, en el entendimiento de que la funcionaria pretendió “crear una cortina distractiva” para no enfrentar los graves cargos de corrupción, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Atento al estado de las actuaciones, vengo por este acto a reiterar, en legal tiempo y forma, se dicte sobreseimiento a favor del presentante y la prescripción de la acción penal, con imposición de costas a la querellante, con preferente y pronto despacho, por tratarse de una cuestión de trascendencia institucional, haciendo expresa reserva de inconstitucionalidad, casación y del caso federal a todo evento”, reza uno de los párrafos presentados por Barberis.
“La trascendencia institucional referida encuentra su fundamento en que la funcionaria querellante, ha violado ostensible y groseramente con su accionar, lo prescripto y normado por el artículo 25 de la Constitución Provincial, que obliga a todo funcionario público, acusado de la comisión de delitos de acción pública, a querellar hasta obtener sentencia, bajo penal de destitución”, ilustró.
“La Dra. Zaballa, al no concretar en tiempo y forma lo requerido por la manda constitucional, ha perdido legitimidad para seguir ostentando el cargo de tan alta responsabilidad, en la estructura administrativa del Estado provincial, por una parte y por la otra se han tipificado las circunstancias para que sea sometida por su inacción deliberada, a un jurado de enjuiciamiento para que en la oportunidad procesal que corresponda se dicte su destitución”, consideró.
Barberis agregó que “a modo de introducción, anticipo que el requerimiento se sustenta en la despenalización de las injurias y calumnias en asuntos de interés público, según la reforma introducida al Código Penal por la ley 26.551. La violación de la garantía constitucional del “plazo razonable” para ser juzgado y el sobrado transcurso del tiempo fijado para que se opere la prescripción de la acción conforme lo dispuesto en el artículo 62, incisos 2 y 5, y 67 del Código Penal, -de acuerdo a lo que surge indubitablemente de las constancias de la causa y que oportunamente se ha peticionado”.
Por otra parte, trascendió que especialistas del Derecho Penal están abocado al estudio de una denuncia y presentación punitiva en los próximos días. “Se trata de una denuncia contra la funcionaria, imputándole concretamente los delitos de estafa procesal en grado de tentativa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, actuación incompatible en causas en donde como particular cobró dineros y ahora como funcionaria pretende cobrar nuevamente cuentas saldadas, para producir millonarios honorarios a su favor”, confió uno de los expertos.

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