Pan para hoy, deudas mañana

NACIONALES 11/03/2016 Por
El Tesoro nacional prometió transferir 37.813 millones de pesos a las provincias este año, para compensar parte del porcentaje de coparticipación que ya no se les retendrá. Serán 26 mil millones de pesos en efectivo y el resto, en documentos.
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La propuesta contempla la compensación plena desde este año a los tres estados con fallo favorable de la Corte
La propuesta que ayer le formuló el Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, a las provincias para la devolución de las retenciones de coparticipación significará, sólo en este año, transferencias adicionales del Tesoro nacional por 37.813 millones de pesos. No todo saldrá en efectivo. A las tres provincias con fallo a favor de la Corte Suprema (Santa Fe, San Luis y Córdoba) se les restituirá desde este año el 15 por ciento de la coparticipación que se les detraía. La transferencia a favor de ellas en este concepto sumará 14.213 millones de pesos, según la estimación oficial. El resto de las jurisdicciones recibirá un monto extra este año de 11.800 millones, equivalente a la restitución de tres puntos de la coparticipación. Es decir, el Tesoro nacional resignaría en efectivo 26.013 millones de pesos entre ambos concepto. Pero, además, el “acuerdo gradual” propuesto por el Ministerio del Interior contempla la entrega a las 21 provincias no beneficiadas por el fallo de documentos a descontar por otros 11.800 millones de pesos. Es decir, aparte de la erogación extra ya mencionada, el Estado nacional asume un endeudamiento extra en pesos de 11.800 millones este año.
Estos son los números que ayer difundió la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, a través de su cuenta de Twitter y tras finalizar la reunión en Casa de Gobierno con Rogelio Frigerio.
El esquema de la propuesta de devolución del 15 por ciento de coparticipación, tal como lo propuso el ministro y ahora espera la respuesta de los gobernadores, parte de una hipótesis de aumento de los recursos coparticipables de 14,5 por ciento en el primer año (de 2016 a 2017), de 10 por ciento en 2018, de 5 por ciento en 2019 y otra vez el 5 por ciento en 2020. Además de una proyección altamente optimista en cuanto a la evolución de la inflación, la hipótesis de curva de ingresos fiscales coparticipables también incluye una expectativa de reducción de la presión impositiva en el lustro, según confiaron fuentes oficiales.
De acuerdo con ese recorrido, la estimación del 15 por ciento coparticipable que ahora el Estado nacional se compromete a restituir resultaría, año por año, de 73.213 pesos en 2016, 83.829 millones en 2017, 92.212 millones en 2018, 96.822 millones en 2019 y 101.633 millones en 2020. Pero la propuesta del gobierno es que esa devolución se haga paulatinamente. Recién en el último año las 24 provincias podrían cobrar el 100 por ciento de los fondos que le corresponden por el reparto porcentual de coparticipación.
Según el esquema propuesto por Interior, en los años anteriores (2016 a 2019) las provincias seguirán resignando parte del 15 por ciento de coparticipación que se le detraen. Lo resignan, de acuerdo a la propuesta, sin recuperación posterior, por lo menos en el marco de la propuesta que ayer les presentó Frigerio.
La propuesta contempla una transferencia gradual del Estado nacional a las provincias en una escala creciente, que arranca en el 3 por ciento de la coparticipación el primer año, 2016 (11.800 millones de pesos), 6 por ciento en 2017 (27.022 millones), 9 por ciento en 2018 (44.587 millones), 12 por ciento en 2019 (62.422 millones) y el 15 por ciento pleno de la coparticipación estimada para 2020 (81.928 millones de pesos). A esas sumas en efectivo, se le agrega la erogación que en cada año hará el Tesoro nacional en favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, conforme al fallo de la Corte Suprema. El importe de esta última cifra fue estimada en 14.213 millones de pesos para el año 2016, 16.274 millones para 2017, 17.901 millones en 2018, 18.796 millones en 2019 y 19.736 millones de pesos en 2020.
El resto de las provincias recibirá, además de la cifra en efectivo mencionada, documentos a descontar que completan la oferta. El valor de los documentos a transferir surge del 3 por ciento de monto coparticipable calculado para cada año, de lo que resultan, globalmente para los 21 distritos involucrados: instrumentos financieros por valor de 11.800 millones de pesos para 2016, 13.511 millones para 2017, 14.862 millones para 2018 y 15.606 millones para 2019. En 2020, el último año del acuerdo, cuando las provincias cobren el 15 por ciento en efectivo, no habrá más pagos en documentos.
De los 37.813 millones de pesos, entre efectivo y documentos, que el gobierno nacional propone distribuir este año para empezar a resarcir a las provincias por la detracción del 15 por ciento, Santa Fe recibirá 6320 millones de pesos, Córdoba 6279 millones y Buenos Aires 6212 millones, considerando además que esta última cobrará parte en documentos a descontar. En cuarto lugar aparece San Luis, con 1614 millones de pesos, que por efecto de fallo de la Corte a favor cobrará en este reparto más que cualquier otra provincia.
Tras el fallo de la Corte Suprema, en noviembre del año pasado, a favor del reclamo de Santa Fe, San Luis y Córdoba, ordenando la restitución del 15 por ciento de la coparticipación que les correspondía para financiar el sistema previsional (resolución de agosto de 1992), la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso hacer extensivo el beneficio a todas las provincias, ya que la Corte Suprema consideraba “inconstitucional” la retención. A su vez, ordenaba compensar con fondos del Tesoro la pérdida de recursos para la Anses.
Pero, apenas asumido, el actual presidente de la Nación dictó otro decreto de necesidad y urgencia por el cual ordenó la “inmediata extinción” de decreto anterior, a considerar que el mismo generaba “consecuencias inexorables desde el punto de vista económico”, en virtud del “ajuste sobre el gasto primario a cargo del Tesoro Nacional” hubiera implicado. La solución propuesta por el Ministerio del Interior atenúa el impacto, pero en virtud de las buenas relaciones que busca sembrar con los gobernadores provinciales y sus legisladores, termina aceptando un ajuste adicional que obligaría a seguir sumando las necesidades de financiamiento de gobierno para este año y el próximo, como mínimo.

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