La mitad de los fiscales electorales que puso Cambiemos cobró el bono para desocupados

LOCALES 27 de noviembre de 2019 Por
Una denuncia ante la Justicia federal señala que en ese distrito el plan clandestino de subsidios pudo destinarse al financiamiento de autoridades de mesa. El diputado nacional electo, Ricardo Buryaile, en el ojo de la tormenta.
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Más de la mitad de los fiscales electorales de Formosa pertenecientes a Juntos por el Cambio cobraron bonos para desocupados, de acuerdo con una denuncia presentada ante la Justicia federal. La imputación fue incorporada a la causa judicial basada en el bono clandestino de $ 5.000 para desempleados sin otros ingresos que implementó el Gobierno nacional en plena campaña y que arrancó a partir de una investigación de este diario. La presentación apuntó, además, al diputado nacional electo Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria, como supuesto beneficiario de la maniobra.
La denuncia fue presentada por el abogado Dardo Caraballo ante el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello y quedó integrada al expediente que tramita la jueza María Servini. La magistrada fue quien ordenó, previo a la elección nacional, una medida cautelar que frenó el pago del subsidio hasta después del comicio para prevenir un eventual uso clientelar del beneficio, en línea con la presentación hecha en ese sentido por los apoderados del Frente de Todos.
Mientras la causa avanza con pedidos de la jueza al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, cuya área tramitó de manera secreta el bono, ayer como cada día desde dos semanas antes de las elecciones una larga fila de personas permanecía frente a las oficinas de esa cartera a la espera de una hipotética inscripción para el cobro del subsidio. Sin embargo, y como reveló Ámbito Financiero, la repartición agotó semanas atrás el presupuesto máximo asignado a este ítem, de $ 650 millones, con la distribución de 130 mil beneficios en su mayoría tramitados mediante punteros del oficialismo nacional en todo el país.
La exposición de Caraballo representa, en caso de probarse sus sospechas, una vuelta de tuerca a la maniobra de clientelismo contenida en el diseño del bono: además de haber surgido de una resolución interna, la 1177 de la Secretaría de Empleo (nunca publicada en el Boletín Oficial) y su tramitación llevada adelante por parte de punteros y dirigentes de Juntos por el Cambio en todo el país, la denuncia advierte que parte de los fondos asignados al plan pudieron destinarse al reclutamiento de personas en posible situación de vulnerabilidad económica para fiscalizar a favor de Juntos por el Cambio, al menos en Formosa.
Según el letrado, que en la provincia suele constituirse como querellante en causas por delitos de lesa humanidad, de un total de 1.404 mesas de votación, con sus correspondientes autoridades, un cruzamiento de datos detectó que por lo menos 756 de los fiscales de Juntos por el Cambio resultaron también beneficiarios del bono. Es decir, casi 54% del total. En toda la provincia, como reveló este diario, se asignaron 3.994 subsidios en una primera etapa. El denunciante indicó, sin embargo, que el número de fiscales “subsidiados” podría ser mayor por haberse relevado sólo quienes firmaron el acta de cierre del comicio y no la totalidad de participantes la jornada electoral.
Caraballo apuntó en su denuncia contra el ministro Sica, el secretario de Empleo, Fernando Prémoli (firmante de la resolución 1177), el delegado de la Agencia Territorial Formosa de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, el concejal Miguel Montoya y el diputado nacional Buryaile. En los dos últimos casos se los sindicó como aparentes gestores del pago orientado a quienes iban a ejercer como fiscales de mesa. En el caso de Buryaile, el denunciante sugirió que la presentación fuese analizada por la Comisión de Poderes de la Cámara de Diputados previo a la toma de juramento del exministro en el Congreso nacional en la ceremonia prevista para el 4 de diciembre.
La presentación del abogado formoseño está en línea, además, con una de las líneas de investigación que propuso el apoderado del Frente de Todos Jorge Landau al momento de radicar la causa ante la jueza Servini: según el letrado, una parte del presupuesto asignado para el plan clandestino de subsidios iba a ser destinado al pago de autoridades de mesa con el supuesto propósito de forzar resultados favorables para Juntos por el Cambio.

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