Creen que el Obispado pretende un beneficio económico al ceder sus instalaciones al Estado

LOCALES 07 de mayo de 2020 Por DE N/REDACCION
Mientras aseguran que la administradora del Centro de Capacitación “Juan Pablo II” redujo los sueldos a la totalidad de los empleados del lugar, muchos de ellos completamente informales, trascendió que la decisión del obispo de poner esas instalaciones a disposición del Gobierno provincial, cayó muy en un amplio sector de la diocesis. Plantearon la posibilidad de cerrar las instalaciones, debido a la caída de sus recaudaciones, y los efectos que ella generò en los costos operativos.
conejero

Esta mañana, el ministro de Gobierno anunció que el obispo de Formosa, José Vicente Conejero, puso a disposición las instalaciones del Centro de Capacitación “Juan Pablo II” para que quienes deseen regresar a la provincia, puedan realizar allí el aislamiento obligatorio de 14 días.
Casi al mismo tiempo, el religioso hizo trascender una nota entre sus colaboradores màs cercanos, admitiendo el ofrecimiento, y explicó que el acto tiene que ver con la pandemia. “He podido hablar telefónicamente con el Sr. Gobernador de la provincia”, detalló Conejero.
En esa misma nota, reveló que el contacto con Insfran se produjo “mientras estaba reunido con los miembros de la nueva Comisión Diocesana para la emergencia del Coronavirus.
A las pocas horas de conocida la información, las redes embistieron contra el jefe local de la Iglesia Católica, en incluso en muchos casos le reprocharon la extemporaneidad de la medida, y la forma inconsulta con que procedió, tanto para armar esa comisión, como para decidir la cesión de las instalaciones.
Sin embargo, entre quienes frecuentan el Obispado, y mantienen un perfil no muy cercano a Conejero, aseguran que la intención es obtener un beneficio económico, y que no se trata de un simple acto solidario.
“El Centro Juan Pablo II, no se encuentra en buenas condiciones financieras; de hecho, la administradora, Adelaida Rosana Ledesma, hace unos días les anunció a los empleados que tiene el lugar que, debido a la falta de reservas, tiene que reducir los sueldos de todos, en un 50%”, aseguró un sacerdote que frecuenta esos ámbitos.
Pero el relato que sigue, del mismo informante, es aún más sorprendente: “Les aclaró, no obstante, que el Estado será quien se haga cargo de la mitad que dejarán de cobrar” y que la misma contadora “ya inicio las gestiones para que, finalmente, no dejen de cobrar lo que se acordó en cada contrato”.
“Esta no es una decisión que se toma de una, hay todo un protocolo administrativo, que incluye presentación de balances, notas a la Subsecretaría de Trabajo, y, lógicamente, informar con fidelidad la cantidad de empleados, sus ingresos, sus funciones, y el lugar donde están bancarizados; pero acá sabemos que esa administración no paga los aportes, ni la obra social; es una mala administradora que pretende justificar la irregularidad apoyándose en el cuadro sanitario”, aseguró el mismo sacerdote.
“La falta de ingresos no es por el virus; el lugar generalmente tiene mucha actividad entre mayo y octubre, el período restante sólo se caracteriza por la contratación de pequeños grupos”, advirtió.
“Incluso la contadora dijo que existe la posibilidad de cerrar el Juan Pablo II, porque no tiene reservas financieras para hacer frente a sus costos fijos, porque por la pandemia no puede realizar actividades; en realidad eso es lo que les dijo a algunos empleados, como una vil metodología para sembrar el miedo, y que prefieran la mitad antes que quedarse sin el empleo”, redondeó.

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