Carbajal quiere que la Fiscalía de Investigaciones audite las cuentas de Desarrollo Humano

LOCALES 10 de mayo de 2020 Por DE N/REDACCION
El diputado provincial, Ricardo Carbajal, volvió a reclamar la puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ejerza el control y garantice la transparencia de la gestión pública, y que debute auditando las actividades del Ministerio de Desarrollo Humano y otras dependencias que de esa cartera dependen, tan criticadas luego de la salida de José Luis Decima de la conducción del área.
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“Si el gobernador se pone al frente y se pone a investigar, y se hace el fiscal las cosas no van a salir bien”, opinó el legislador de la UCR.
“Lo que él tiene que hacer es poner a funcionar este organismo de la Constitución con el que estamos en deuda y poner a los mejores fiscales de la provincia para que lleve adelante esta investigación”, acotó.
“Él puede tener la mejor voluntad, pero no va a tener el mejor resultado”, amplió.
 “La Fiscalía de Investigaciones Administrativas está contemplada en el artículo 152 de la Constitución Provincial desde sus dos reformas, en 1991 y 2003, pero hasta la fecha no fue instrumentada por la ley correspondiente, lo cual es necesario subsanar en forma urgente, porque es una mora injustificada que ya tiene 29 años”, recriminó.
Para Carbajal, “con la búsqueda del cumplimiento constitucional no existe ánimo persecutorio sino transparentar la gestión pública de cara al pueblo”.
“Es obvio que la actual complejidad que ha adquirido la administración pública, impone la necesidad de la especialización de sus cuadros con miras a resguardar el correcto desenvolvimiento de quienes deben asumir las funciones de gobierno y del personal que se halla vinculado al Estado Provincial”, opinó
“Es imprescindible comprender que no contar con una ley que vele por la transparencia de la administración pública, además de vulnerar el orden constitucional, genera en la sociedad la justificada sospecha que estos poderes no tienen intereses en facilitar la investigación de las actividades administrativas, y ello solo puede responder a una franca incompetencia para el cargo o complicidad con dichos actos”, planteó.

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