INSFRAN REACONDICIONA UN CÓDIGO DE LA DICTADURA PARA FRENAR A LOS MÉDICOS

LOCALES 04 de junio de 2020 Por DE N/REDACCION
El Gobierno provincial contará en las próximas horas con una ley para atemorizar a los profesionales de la salud. Con ella pretende hacerlos desistir de las movilizaciones callejeras y mediáticas que vienen intensificando, en reclamo de millonarias deudas que el Estado mantiene con las prestadoras, y también en busca de una recomposición de sus aranceles.
proyecto de ley tapa

Este jueves, la Cámara de Diputados sesionará, y, seguramente, avalará un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, tendiente a modificar el Código de Faltas que data de 1979, en plena dictadura militar. Los cambios pretendidos elevan, con extrema rigurosidad, las penas a quienes incumplan las medidas sanitarias impuestas en el marco de la pandemia desatada por la presencia del coronavirus.
Básicamente se trata de tres reformas, la ultima de las cuales prevé la clausura del local, sea público o privado, si se constata que sus propietarios vulneraron el decreto ley 749/79 que da vida al Código de Faltas y sus modificatorias en materia de salud pública, sanidad e higiene, que fue incorporado a la normativa general para atender el cumplimiento del protocolo armado ante la situación epidemiológica que se mantiene en Formosa.
El primero de los artículos modifica el artículo 145, y queda redactado así: “Será sancionado con arresto de cinco a treinta días, redimible por multa, el que no observare una disposición legalmente establecida por la autoridad en materia de salud o higiene pública”.
El segundo está referido a la modificación del 146, y con el cambio propuesto podrá leerse de esta manera: “Cuando la conducta prevista en el artículo precedente sea cometida en el marco de una declaración de emergencia sanitaria dispuesta por autoridad competente, el infractor será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa. Si la infracción es cometida con la concurrencia de tres o más personas, la sanción de arresto no podrá ser inferior a quince días”.
Y, finalmente, la restante, la más dura de todas, sanciona “con arresto diez a sesenta días, redimible por multa, toda persona, titular y/o responsable de un establecimiento publico o privado, que omita adoptar las medidas sanitarias y protocolos a los que se encuentre obligado por las normas vigentes en caso de emergencia sanitaria, pudiendo disponerse, si las circunstancias lo justifican, la clausura del local”.

CONTRADICCIÓN
Un número indeterminado y sin identificarse de profesionales locales de la salud solicitaron, la semana pasada, a APS, ACLISA, Federación Médica, y al Ministerio de Desarrollo Humano, que intimen al IASEP al pronto pago de las prestaciones realizadas, además de una actualización del precio de los aranceles. Admitieron demoras de hasta tres meses en el cobro de las prestaciones, se quejan del valor de los aranceles, y plantean los inconvenientes que genera la pandemia, disminuyendo las actividades, y con ellas las facturaciones.
El fin de semana, realizaron un ruidoso reclamo callejero por calles de la ciudad, en un tono claramente desafiante ante el protocolo contra el coronavirus que, entre muchas medidas, prohíbe la aglomeración de personas.
Las modificaciones que pide el gobernador Insfran colisionan con el supuesto éxito que alcanzó su administración, en materia sanitaria, con un territorio sin ningún infectado con el terrible virus, y por el que sus funcionarios repetidamente responsabilizan al esfuerzo mancomunado entre gobierno y pueblo.
Insfran vuelve a dar muestras de su intolerancia e incapacidad de disenso, para negociar con los médicos el pago de una abultada deuda que el Estado provincial mantiene con las prestadoras locales de salud, y recurre a esta artimaña legal para intentar aquietarlos, y dejar en su terreno la resolución del conflicto.
“Por lo visto quieren tratarlo sobre tablas sin ningún pase a comisión para su estudio”, dijo el diputado provincial Juan Carlos Amarilla al referirse a la iniciativa presentada.
“Bajo el ropaje de faltas a la salud, sanidad e higiene van por restringir aún más la libertad de cada uno de los ciudadanos; quieren amedrentar aún más a la población”, consideró el legislador radical, quien ve el objetivo político del oficialismo màs allá de la crisis generada con los profesionales de la salud.
“Es un modelo claramente autoritario y obviamente que jamás votaríamos a favor. Si pudieran, tendrían su propio Código Penal para consolidar su proyecto hegemónico”, graficó.

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