En la primera jornada laboral tras la finalización de la feria extraordinaria por la pandemia de coronavirus, los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll recorrieron ayer en horas de la mañana los juzgados de Primera Instancia, tanto del fuero Civil y Comercial como de Instrucción y Correccional, ubicados en el edificio Tribunales, donde verificaron las condiciones de salubridad, sanitización, mesas de entradas y lugares para recepción de audiencias, haciendo lo mismo posteriormente en el Tribunal del Trabajo.
Por su parte, la secretaria de Gobierno del STJ, Verónica Priewe, hizo lo propio en el Tribunal de Familia, Oficina de Violencia Intrafamiliar, Juzgados de Paz 1, 2 y 3, Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos, Delegaciones Vecinales de los barrios 2 de abril y Simón Bolívar y la OVI del Circuito Cinco.
La funcionaria judicial llevó adelante la recorrida acompañada del inspector de Justicia de Paz, Oscar Marcelo Paolisso.
Las visitas, en las que además se intercambiaron opinión con algunos jueces y juezas, funcionarios y empleados judiciales, permitieron constatar el alto grado de cumplimiento de las medidas adoptadas, en el marco del progresivo y administrado regreso a la actividad, como lo previó la Acordada 3051 del Superior Tribunal de Justicia, como así el fuerte compromiso asumido por los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial, ya que conscientes todos de que aún se atraviesa una etapa excepcional, proponen permanentemente herramientas para mejorar la atención a los justiciables y a los profesionales del Derecho.
Los informes correspondientes serán elevados a Presidencia para conocimiento del titular del STJ y de los demás ministros.

REGRESO ADMINISTRADO
A través de la Acordada 3051 el Superior Tribunal de Justicia dispuso la reincorporación de todo el personal para retomar la actividad laboral desdoblada en dos turnos, uno matutino y otro vespertino, y decidió incluir en el grupo de riesgo a los empleados que hayan cumplido 60 años o más de edad.
La decisión de la Corte Provincial se basa en el Decreto Nacional 520 a partir del cual la situación sanitaria de la provincia ha cambiado pasando del estado de aislamiento al de distanciamiento social; decreto nacional al cual se adhirió la provincia mediante el Decreto 134, instrumento legal que, a su vez, mantiene las medidas sanitarias adoptadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.
El regreso administrado de los trabajadores judiciales se cumple mediante grupos de trabajos a fin de descentralizar y proteger la salud pública de quienes prestan servicios en las distintas dependencias judiciales. Un grupo cumple funciones en la franja horaria de 8 a 12 y el otro de 13.30 a 17.30.
Por su parte, el ingreso de profesionales, litigantes y auxiliares, ya no estará liberado del modo en que se venía practicando, sino sujeto a turnos previamente concedidos que garanticen una circulación mínima y administrada de personas, en el marco del Decreto 520 y conforme a los términos de la Acordada 3051.
Respecto a las medidas de sanitización adoptadas, la Corte Provincial las mismas han sido instrumentadas en tiempo y forma para garantizar la debida protección al personal judicial y a quienes deban recurrir a Juzgados y Tribunales por cualquier gestión. Estas y otras medidas fueron adoptadas desde el primer día de la pandemia, e incrementadas progresivamente, con la finalidad de proteger al personal que ya viene prestando servicios en distintas dependencias judiciales.