Los aportantes al Partido Justicialista son apenas 13, todos legisladores nacionales en funciones o que terminaron su mandato en diciembre. En todos los casos hicieron entre diez y doce contribuciones mensuales en el año, por montos que se repiten. En total suman unos $2 millones.             La contribución particular más elevada es la de Oscar Lamberto, ex presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) hasta diciembre del año pasado: donó $60.000. Le siguen con aportes de $123.000 los senadores nacionales del Frente para la Victoria José Mayans -de Formosa y actual presidente del bloque Frente de Todos en la Cámara alta- ; Carlos “Camau” Espínola, representante de Corrientes; e Inés Imelda Blas, senadora por Catamarca. Con un poco menos, $111.000, aparece el senador tucumano José Alperovich, hoy suspendido por una denuncia de acoso sexual.                                                                                                           Con donaciones en el año de entre $103.000 y $120.000, aparecen los diputados nacionales José Luis Gioja -actual presidente del PJ-, Darío Martínez, Cristina Alvarez Rodríguez, y Guillermo Carmona, y los que terminaron su mandato en diciembre Pablo Kosiner, Silvina Patricia Frana y Omar Perotti, actual gobernador santafesino. Con un monto más bajo, $40.230, sólo figura el senador justicialista Guillermo Snopek           Ninguno de ellos parece como aportante de la campaña del Frente de Todos en las últimas elecciones presidenciales, según el Informe Final de Gastos presentado por esa alianza ante la Justicia Electoral.                                    A las donaciones de privados que recibieron los dos partidos, se suman el dinero que reciben por ley del Estado para su desenvolvimiento institucional, proveniente del Fondo Partidario Permanente. Un 20% de este Fondo se distribuye en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos, y el 80% restante en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales. Las agrupaciones que reciben este aporte están obligadas a destinar un porcentaje a “capacitación para la función pública y formación de dirigentes e investigación”.