“Si no queremos que no nos vean como señores feudales tenemos que cambiar actitudes en el manejo del Gobierno provincial”, opinó, tras lo cual insistió con “poner en funcionamiento la Fiscalía de Investigaciones Administrativas” y con seleccionar a “un opositor al frente del área”.
Al renovar sus críticas al manejo de la administración pública provincial, el legislador radical pidió que “se expresen los opositores en los canales de televisión locales, propiedad del Estado; tenemos que cambiar al defensor del gobierno por un defensor del pueblo de Formosa; tenemos que democratizar la obra social; hay que cambiar las actitudes del gobierno propio”, enumeró, al justificar su postura.
“Nos ven como señores feudales; así como cuando se dice chorros se piensa en Cristina, cuando se habla de democracia se piensa en Alfonsín, cuando se habla de la nación de señores feudales, se piensa en Gildo Insfran”, atacó.
“No es una responsabilidad del pueblo argentino que nos vean así, es una responsabilidad nuestra y esa responsabilidad la tenemos que asumir y tenemos que cambiar ¿Y cómo se cambia?: democratizándonos”, consideró.
Carbajal recordó que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas está contemplada en el artículo 152 de la Constitución Provincial desde sus dos reformas, en 1991 y 2003, y criticó que hasta la fecha haya sido instrumentada por la ley correspondiente, “lo cual es necesario subsanar en forma urgente, porque es una mora injustificada que ya tiene 29 años”, recriminó.
Para el parlamentario, “con la búsqueda del cumplimiento constitucional no existe ánimo persecutorio sino transparentar la gestión pública de cara al pueblo”.
“Es obvio que la actual complejidad que ha adquirido la administración pública, impone la necesidad de la especialización de sus cuadros con miras a resguardar el correcto desenvolvimiento de quienes deben asumir las funciones de gobierno y del personal que se halla vinculado al Estado Provincial”, opinó
“Es imprescindible comprender que no contar con una ley que vele por la transparencia de la administración pública, además de vulnerar el orden constitucional, genera en la sociedad la justificada sospecha que estos poderes no tienen intereses en facilitar la investigación de las actividades administrativas, y ello solo puede responder a una franca incompetencia para el cargo o complicidad con dichos actos”, planteó.