La nueva grieta local sólo busca esconder el destino de los fondos enviados por Nación

LOCALES 01 de noviembre de 2020 Por DE N/REDACCION
Todo este escenario surgido tras la decisión del juez Carbajal, habeas corpus mediante, de permitir el ingreso de decenas de varados, puso en evidencia un costado muy precario del Gobierno provincial, del que pocos, muy pocos, hablan: la falta de espacios físicos para cumplir con la cuarentena que fija el protocolo para quienes ingresan a Formosa. Entonces, ¿en que estuvo usando Insfran la millonaria transferencia efectuada por Nación para atender la pandemia?
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Mientras el peronismo aldeano volvió a construir un enemigo político para centralizar sus reproches, y tratar de mantener al vecindario dividido y confundido, en Formosa no pocos comprenden que la actuación del juez federal Fernando Carbajal, debería servir para buscar el destino de los millonarios fondos que el Estado nacional envió a la provincia para atender los gastos de la pandemia.

Suponer que el juez tiene una actuación discrecional en sus decisiones judiciales por sus orígenes familiares y partidarios sólo le cabe a quienes necesitan un argumento para tapar un bache que en el escenario de lo formal son incapaces de reparar.

Considerar que Carbajal debe fallar atendiendo las supuestas decisiones adoptadas por Gildo Insfran para preservar la salud de los formoseños que viven en el territorio que administra desde 1995, es desatender, deliberadamente, el rol institucional del magistrado.

Tratar de instalar el ideario de que la salud es más importante que la libre circulación es sólo parte de un relato construido con una finalidad política que nada tiene que ver con la verdad de los hechos en disputa.

El gobernador dispuso un protocolo para atender la demanda de los miles de formoseños que piden ingresar al territorio, priorizando sus propios tiempos, y reafirmando su enorme falta de sensibilidad para entender las angustias de los comprovincianos varados en los límites provinciales hace muchos meses.

El juez y los varados no se expresaron jamás en contra del protocolo sanitario, mientras el oficialismo provincial hace todo lo posible para imponer esa posición.

La cuestión de fondo acá es conocer que destino tuvieron los millonarios fondos que el Estado nacional estuvo girando a Formosa para atender los requerimientos surgidos de la pandemia del coronavirus.

En el marco de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno nacional asistió a la provincia de Formosa con $ 6.959 millones, mediante fondos girados de manera directa a la provincia y a través de diferentes programas de apoyo a beneficiarios.

El monto de la asistencia en el marco de la pandemia representa un equivalente extra del 21,5% de la Coparticipación, que le corresponde a la provincia por ley, de acuerdo con información a la que pudo acceder este medio.

Según los datos aportados por diferentes áreas del Gobierno, un total de $ 1.575 millones fueron girados de manera directa a la provincia: $ 1.565 millones por ATN y otros $ 10 millones como refuerzo para alimentos y productos de limpieza por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en tanto que otros $ 14.527 millones corresponden a la asistencia para beneficiarios, incluyendo los créditos FOGAR y FONDEP, los ATP para salarios del sector privado, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los bonos extraordinarios AUH y para jubilados, pensionados y discapacitados, y la recarga extra de tarjetas alimentarias.

Por otro lado, a nivel nacional, el Gobierno asignó mayores recursos presupuestarios por exenciones impositivas por un monto de $ 38.440 millones, por reducción de contribuciones patronales, beneficios impositivos para el sector salud y eliminación de derechos de importación y tasa de estadísticas para productos médicos. Además, por la prórroga de los vencimientos de las cuotas de los créditos otorgados por ANSeS a los jubilados se asignó la suma de $ 48.000 millones.

Todo este escenario surgido tras la decisión del juez Carbajal, habeas corpus mediante, de permitir el ingreso de decenas de varados, puso en evidencia un costado muy precario del Gobierno provincial, del que pocos, muy pocos, hablan: la falta de espacios físicos para cumplir con la cuarentena que fija el protocolo para quienes ingresan a Formosa.

Eso es lo que en verdad esmerila los ánimos del gobernador, acostumbrado a decisiones personales e intolerante ante posturas diferentes.

No existe una agenda que adelante a los varados la fecha de ingreso probable; y esto es así porque no existe una organización planificada a partir de los lugares disponibles para la cuarentena; los varados deben limitarse a que alguna vez sean convocados, un verdadero atentado a la libertad constitucional de libre circulación, no una afrenta a la seguridad sanitaria, como pretende imponer el Gobierno provincial de Formosa.

 

 

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