La Asamblea Permantente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre LADH, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Edipa Formosa, y la Vicaria de Pueblos Originarios. Diócesis de Formosa suscribieron un  documento en el que reclaman “respuesta efectiva del Estado ante la problemática del agua padecida por  comunidades indígenas; cese de la violencia y la represión policial; absolución de todas las personas detenidas; y políticas públicas efectivas, tendientes a luchar contra la discriminación, el racismo y la exclusión de los derechos fundamentales para la vida”.
“Cansados de no ser escuchados, miembros de la comunidad wichi de Pocitos, jurisdicción de Pozo de Maza se reunieron frente a la planta de agua potable, pidiendo que se resolviera el problema que vienen exigiendo desde hace por lo menos cinco años: la provisión de agua potable”, prologó el documento de las organizaciones. 
“Según lo expresaron varios de sus referentes, entre ellos el cacique Jorge Díaz, ya se agotaron todas las instancias de diálogo, pues presentaron numerosas notas ante las autoridades municipales y provinciales, aguardaron con paciencia las promesas que año tras año hacían los funcionarios, pero el agua nunca llegó”, prosiguió el texto. 
“La intención nunca fue confrontar, y lo aclararon cuando la policía se acercó para disuadirlos. Genera hastío e impotencia ver que los cocineros de la escuela extraen agua de la cuneta para preparar los alimentos para los niños. En plena pandemia, con tantos anuncios publicitarios que marcan la importancia de la higiene, resulta insultante no poder siquiera lavarse las manos. Varias familias tienen animales y los piletones ya no son suficientes para abastecerlos. Un pileton debe alcanzar a tres familias y sus animales”, describe el resolutorio.
“¿Acaso alguien duda de la importancia del líquido vital?, ¿Cuánto tiempo más hay que seguir esperando? La paciencia se agotó, y como cualquier ciudadano de este país, los hermanos wichí  tambien  hicieron uso del derecho a reclamar. Claro que la visibilización de este descontento no tuvo la repercusión mediática que tienen otras protestas, que ocupan tapas centrales y que hablan de libertad”, reflexionó. 
“Los diarios locales de mayor difusión sólo expusieron los argumentos de los policías que intervinieron en aquella fatídica jornada,  justificando y minimizando la terrible violencia ejercida. Descontando la violencia estructural que supone vivir sin agua. Nadie llamó a los indígenas, porque pareciera que no tienen voz o palabra, para ellos no hay derecho a réplica”, consideró.
“No deja de sorprender la irracionalidad de la fuerza policial que no dudó en reprimirlos y encarcelar a diez de sus integrantes, acusándolos del delito de homicidio en grado de tentativa. Nuevamente, la respuesta estatal a un problema comunitario es la criminalizacion y la sanción penal, como sucedió con Agustín Santillán o los hermanos Tejada”, planteó. 
“Actualmente diez wichi de las comunidades de Pocito, Quimil y Pozo de Maza, entre ellos tres caciques, están alojados en un Centro de Aislamiento de la Ciudad de Formosa, al que fueron trasladados desde  la Unidad Penitenciaria Provincial 6, luego de que la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas decidió otorgarles la libertad”, reafirmó.
“Este tipo de hechos evidencia la ausencia del Estado en el cumplimiento de un derecho humano fundamental, como es el servicio de agua potable, la falta de cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en relación a todos los temas que los atañen. Se observa también que estos dos problemas son resueltos con violencia institucional, represión y criminalización”, añadió.
Las organizaciones firmantes del documento, repudiaron “la utilización de esta metodología” e instaron “a la efectiva resolución de los problemas con la activa participación de las comunidades y sus referentes”.
Por ello peticionaron una “respuesta efectiva del Estado ante la problemática del agua padecida por estas  comunidades; cese de la violencia y la represión policial; absolución de todas las personas detenidas; y políticas públicas efectivas, tendientes a luchar contra la discriminación, el racismo y la exclusión de los derechos fundamentales para la vida, como el agua en este caso puntual”.