El enfrentamiento que el Gobierno provincial mantuvo en los últimos meses con el juez federal Fernando Carbajal, irritado porque el magistrado permitía el ingreso de los varados al territorio, desautorizando el rigurosísimo Programa de Ingreso Administrado y Ordenado, quedó de lado tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces, por unanimidad, fallaron en contra de Gildo Insfrán y a favor de los formoseños varados que aún no pudieron regresar a su provincia desde el inicio de la pandemia. Amnistía Internacional había denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas mientras las autoridades locales no lo permitían.
Formosa había suspendió el ingreso el 11 de junio, dos días después de confirmar un caso de coronavirus en uno de los centros de alojamiento, por la que muchos ciudadanos que volvían a la provincia no pudieron ingresar.
Durante los últimos días habían crecido los cuestionamientos a Infrán, y a las autoridades de su gobierno que rechazaron durante ocho meses el retorno de miles de formoseños que quedaron varados en otras provincias luego de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.
La Corte consideró que en dicho programa” no se ha definido el tiempo de su vigencia ni de las medidas allí dispuestas, ni existen indicios de hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente, derecho este especialmente reconocido en la Constitución Nacional y en los citados instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos”.
El fallo judicial que se conoció esta tarde, puede interpretarse como un traspié aldeano para el viejo caudillo peronista, que armó un ridículo discurso, en el que el juez Carbajal aparecía como parte de un andamiaje político con miras a las elecciones de 2021, sólo para no admitir que su programa tenía puntos grises.
En las alturas, la interpretación debe ser otra; muy distinta: el gobernador sale fortalecido con el resolutorio judicial.
Todo lo que pueda ocurrir de acá en más con el status sanitario local deberá ser atribuida a la Corte, siempre que se haga una interpretación política del asunto.
Para albergar a tanta gente, en poco más de dos semanas, inevitablemente el Ejecutivo nacional deberá auxiliar financieramente a Gildo, quien tendrá que agudizar su ingeniería para armar centros de alojamiento para pasar la cuarentena, incrementar su stock de reactivos y del recurso humanos para la atención sanitaria de los ingresantes.
En los próximos días, seguramente el discurso del gobernador y su troupe mudará su guion para adaptarse a su nueva realidad, pero no resignará el ideario de la verdad absoluta que mantiene y defiende como exclusivo mapa de sus acciones políticas.