La mujer está viviendo lo ocurrido con mucha indignación, pero también arrastrando una pesada carga signada por sus valores culturales, donde las leyes y el sentido de justicia tienen una enorme importancia para la vida diaria. Ella acaba de construir un escrito junto con sus asesores letrados, advirtiendo la violación territorial de la soberanía nacional paraguaya y también la trata de personas por parte del Personal Policial de la República Argentina, acusando de los hechos a las fuerzas policiales de la Provincia de Formosa.
Mientras pide el auxilio del Estado paraguayo, a través del Ministerio Publico, la institución encargada de la investigación de los hechos punibles, relata que el 11 de noviembre del corriente año, los uniformados ingresaron a territorio paraguayo “violentando mi propiedad privada, ubicada sobre la frontera de nuestro país, ubicada exactamente desde la propiedad de la comunidad San José de Esteros hasta los hitos fronterizos, para luego continuar 7 kilómetros más e ingresar a la comunidad indígena Nivacle San José de Esteros”. 
De acuerdo con su postura, a la que accedió CuartoPoder, los efectivos “portaban el uniforme y armamento reglamentario correspondiente a las normas de la República Argentina”, y asegura que fue “una constante la forma prepotente, violenta y amenazadora que demostraron a los miembros de la comunidad, a quienes
atropellaron e ingresaron a sus viviendas sin orden judicial alguna, obligando a levantarse en horas de la noche a ancianos, niños, mujeres, enfermos y todo el que se encontrara en la casa dando muestras de maltrato y desprecio”. 
Los efectivos buscaban a un supuesto testigo de un asesinato, ocurrido semanas atrás en un campo formoseño, de donde surgió una dura disputa por su testimonio en el marco de las investigaciones para determinar las responsabilidades del hecho de sangre.
Con su redacción, concretamente, pretende que el Estado paraguayo arme una investigación profunda e inmediata de la situación, ya que uniformados argentinos ingresaron a suelo paraguayo, sin una orden judicial, sin autorización alguna, lo cual torna absolutamente ilegal e ilegítima la actuación de los mismos, agravada aún más por el traspaso de fronteras, con uniformes oficiales”.
Aunque la mujer no lo dijo, se trata del uso de una corredera fronteriza completamente informal que suelen usar ciudadanos de ambos lados, de manera regular, pese a las fuertes restricciones impuestas por las autoridades formoseñas por la pandemia.