La acusación sobre los policías formoseños está en la oficina del embajador argentino en Paraguay

LOCALES 19 de diciembre de 2020 Por DE N/REDACCION
Domingo Peppo, tiene sobre su escritorio el texto de la denuncia que presentara en las últimas horas, María Eugenia Añasco Sánchez, una conocida ganadera del vecino país quien acusó a la Policía provincial de Formosa de violentar su propiedad ubicada en territorio paraguayo, cuando un grupo de efectivos de la fuerza se presentó en una cercana comunidad aborigen en búsqueda de un indígena al que venían buscando por el asesinato de un productor argentino. También lo presentó ante el Senado paraguayo, y el vicepresidente Hugo Velázquez.

En un durísimo escrito, la mujer acusó a los efectivos, además, de actuar con prepotencia y violencia, al atropellar e ingresar a las viviendas sin orden judicial, afectando a ancianos, niños, mujeres, y enfermos en medio de muestras de maltrato y desprecio. Ella está viviendo lo ocurrido con mucha indignación, pero también arrastrando una pesada carga signada por sus valores culturales, donde las leyes y el sentido de justicia tienen una enorme importancia para su vida diaria. 
No le resultó sencillo formalizar la denuncia, debido a la burocracia existente en este tipo de cuestiones; no obstante, se armó de la paciencia y de la información adecuada para que los hechos lleguen a las manos indicadas para impartir justicia, según lo reconoció entre sus familiares y sus propios asesores jurídicos que trabajaron intensamente en ese sentido.
La carpeta conteniendo la denuncia, y otras valoraciones fue presentada inicialmente ante el Ministerio Público Fiscal paraguayo, luego con lo cual adquirió la validez para hacerlo ante la embajada argentina en ese país, cuyo titular es el exgobernador de Chaco, Domingo Peppo. 
En el texto, advierte la violación territorial de la soberanía nacional paraguaya y también asegura la presencia de trata de personas por parte de las fuerzas policiales de Formosa.
Mientras pide el auxilio del Estado paraguayo, a través del Ministerio Publico, la institución encargada de la investigación de los hechos punibles, Añasco Sánchez relata que el 11 de noviembre del corriente año, los uniformados ingresaron a territorio paraguayo “violentando mi propiedad privada, ubicada sobre la frontera de nuestro país, ubicada exactamente desde la propiedad de la comunidad San José de Esteros hasta los hitos fronterizos, para luego continuar 7 kilómetros más e ingresar a la comunidad indígena Nivacle San José de Esteros”. 
De acuerdo con su postura, a la que accedió CuartoPoder, los efectivos “portaban el uniforme y armamento reglamentario correspondiente a las normas de la República Argentina”, y asegura que fue “una constante la forma prepotente, violenta y amenazadora que demostraron a los miembros de la comunidad, a quienes
atropellaron e ingresaron a sus viviendas sin orden judicial alguna, obligando a levantarse en horas de la noche a ancianos, niños, mujeres, enfermos y todo el que se encontrara en la casa dando muestras de maltrato y desprecio”. 
Los policías, “en voz alta exigían que se les informe donde se encontraba el indígena Joaquín Díaz Cano”, quien permanecía en su vivienda, puesto que su hogar y familia pertenecen a dicha comunidad, pero al escuchar los gritos y su nombre huyó al monte atemorizado con el proceder de los uniformados argentinos en suelo paraguayo.
“Luego de largos momentos de búsquedas exigieron a la comunidad que entregue a Joaquín Díaz Cano si no querían represalias cuando vayan al vecino país, tras lo cual se perdieron en la oscuridad desconociendo la población si se habían retirado o no”.
Cano fue identificado como supuesto testigo de un asesinato, ocurrido semanas atrás en un campo formoseño, y surgió una dura disputa por su testimonio en el marco de las investigaciones para determinar el hecho de sangre.
La ganadera paraguaya consiguió armar el relato, apoyada en decenas de testimonios, sosteniendo que al día siguiente de estos hechos, ingresa al territorio paraguayo el ciudadano argentino Ale Ponce, quien según versiones de la población es hermano de dos jóvenes mujeres relacionadas con dos de los policías acusados del atropello a la comunidad indígena guaraní. Aprovechándose de la amistad con Joaquín Díaz Cano, Ponce va directamente al encuentro del aborigen entregándole una botella de caña. Transcurrido un tiempo, cuando Joaquín Cano se encontraba suficientemente alcoholizado, es llevado al territorio argentino, en contra de su voluntad, bajo amenazas y uso de la fuerza. “Ya en territorio argentino, los esperaban los mismos agentes policiales que intervinieron antes, lo cual confirma el grado de premeditación y alevosía que cargaban. Sin embargo, esa conducta policiaca queda corroborada fehacientemente en una supuesta declaración donde asentaron un domicilio falso para “legalizar” su “grave delito”, con los agravantes de que existieron las modalidades específicas de engaño, coacción y violencia”.
Según la víctima y pruebas colectadas en la denuncia, “ya en el paraje Media Luna (Argentina) fue conducido con violencia y amenazas, situación corroborada por Graciela Mendoza una de las testigos que se encontraba en el lugar del hecho. Esta mujer, de nacionalidad paraguaya, presenció cómo transportaban a Cano a territorio argentino”.
Según describe la víctima y las pruebas, el natural “fue conducido luego desde Media Luna hasta la subcomisaria de La Madrid, donde fue obligado, bajo amenazas, a cambiar su declaración testimonial de fecha 19 de octubre, realizada en el puesto de vigilancia San Cayetano, Departamento Bermejo Formosa”. 
Por disposición legal los agentes policiales tienen prohibido tomar declaración alguna, solo deben recibir denuncias de particulares y labrar actas de procedimientos
Cano fue identificado como supuesto testigo de un asesinato, ocurrido semanas atrás en un campo formoseño, y surgió una dura disputa por su testimonio en el marco de las investigaciones para determinar el hecho de sangre.
En su presentación, María Eugenia Añasco Sánchez solicitó al Estado paraguayo la investigación “profunda e inmediata de esta situación, en atención a que uniformados argentinos ingresaron a suelo paraguayo, sin una orden judicial, sin autorización alguna, lo cual torna absolutamente ilegal e ilegítima la actuación de los
mismos, agravada aún más por el traspaso de fronteras, con uniformes oficiales”.
Aunque la mujer no lo dijo, se trata del uso de una corredera fronteriza completamente informal que suelen usar ciudadanos de ambos lados, de manera regular, pese a las fuertes restricciones impuestas por las autoridades formoseñas por la pandemia.

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