La autonomía universitaria, que no es otra cosa que la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto de factores externos, se basa en evitar que los vaivenes del poder político se traduzcan en cambios arbitrarios de la vida y las autoridades universitarias.
La reciente decisión del juez federal de suspender a los integrantes de la JEP de la UNaF sobrevino en respuesta a una medida autosatisfactiva iniciada por el secretario de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), Milcíades Olmedo. 
No es la primera vez que sectores gremiales con escasa, por no decir casi nula,  representatividad hacen uso de la vía judicial para esmerilar a la actual gestión del rector Augusto Parmetler.  No hace mucho, lo han hecho a través de una medida cautelar ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Chaco, tratando de paralizar las elecciones en la UNaF, y para dejar sin efecto las modificaciones introducidas por amplio consenso al reglamento electoral, ya que las mismas se efectuaron para incrementar la participación en actos electorales de docentes y no docentes.
La arremetida de los representantes de ATUNF, ADUFOR y ATE Formosa, que cuentan con el aval de un sector del oficialismo provincial y el Poder Judicial, también incluyó un disparatado pedido para intervenir la Facultad de la Producción y Medio Ambiente de Laguna Blanca. 
Este nuevo capítulo en la Justicia Federal deja plasmada la gran campaña de ataques contra la institucionalidad de la UNaF que se puso en marcha para menoscabar a la actual gestión, sembrando miedo y confusión.  Además, demuestra que existe un sector político que mediante las elecciones no puede acceder a los distintos espacios de representación de la UNaF, por lo que acuden a la Justicia con artimañas y estrategias, en complicidad con el Poder Judicial que dicta medidas tendientes a paralizar el acto eleccionario.