Asambleísta repudió violencia laboral y persecución política en la UNAF

LOCALES 14 de mayo de 2021 Por DE N/REDACCION
Un joven asambleísta que dijo haber apoyado al rector Parmetler, expresó su indignación como integrante de la Universidad Nacional de Formosa, tras manifestar  su “total repudio a  la salvaje persecución contra los  miembros de  la comunidad universitaria, que llevan adelante”, las autoridades del establecimiento.

El Lic. en Enfermería Marcelo Arias reveló que “esta vez la persecución política con violencia laboral” le ha tocado a él y a su propia familia.  Relató que  el rector “utiliza un método represor, ejerciendo violencia simbólica, amedrentando, descalificando, y atemorizando, por la vía de los hechos consumados, violando cualquier norma mínima de buena educación, y ni que decir la  reiterada violación a las leyes que protegen a los trabajadores del sistema de salud y del sistema universitario."
Explicó que "el 4 de mayo de 2021, al presentarme en sede habitual de mis funciones en la sala del Centro de Salud de la UNAF, ubicada en el campus universitario,  comprobé que se estaba realizando el cambio repentino e inconsulto de cerradura  de la dependencia, por indicaciones del Ing. Carlos Martínez, que depende directamente del rector Parmetler y de su secretario Drelichman. A las  24 horas se me notificó de la resolución 298/21 de fecha 3 de mayo, por la que se me deja cesante en mi actividad laboral”. 
Y redondeó: “Sin dudar, esta situación demuestra una inequívoca y efectiva violación a los derechos  ciudadanos, de la normativa laboral, y grave falta del debido proceso, siendo además  una muestra de brutal violencia laboral, originada en una persecución política intolerable”. 
Destacó que "lo  más grave es la clara, palmaria, e inexcusable violación al decreto presidencial que impide despidos en pandemia, de cualquier organismo del estado argentino. Esa es una  resolución rectoral que es nula por razones humanitarias, por ser persecutoria, y por haberse dictado en plena fase 1, con toda la administración cerrada al público, y con guardia mínima para servicios esenciales.  Se trata de un despido abrupto,  injustificado, y persecutorio; originado  por razones políticas. Ya que no existe otra razón. Y es consecuencia  de mi negativa a realizar acciones en contra de mis convicciones personales. Evidente resulta con esta medida,  que se ejerce un poder cuasimesiánico olvidando que el voto que le dimos los asambleístas en 2017, fue un voto de confianza; no de impunidad".

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