El conflicto entre el IASEP con FEMEFOR, ACLISA y APS hace varios meses viene sumando maniobras dilatorias del Gobierno provincial, y la insistencia de las prestadoras por lograr mejoras en sus aranceles. En el medio, miles de trabajadores públicos padecen graves penurias por la precarización en que cayó el servicio: desde el cese de servicios profesionales, hasta el cobro de plus, y turnos para dentro de varios meses, con todo lo que ello implica cuando en el medio está la salud y la vida misma de las personas.
Aunque no lo admitió formalmente, el Gobierno provincial dio varios indicios de su intención de responder apelando a su estructura sanitaria, todo un despropósito si se miden las capacidades del sector privado y el público, vulnerando, además el derecho de las personas de elegir dónde hacerse atender, para el que paga compulsivamente todos los meses.
El empleado público de Formosa está obligado a afiliarse al IASEP; es un requisito compulsivo violatorio de la ley sanitaria provincial, y del artículo 19 de la Constitución nacional, que en su segundo párrafo dispone que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Muchos abogados ya empiezan a asesorar en la materia, ante preocupados empleados públicos que, de un momento a otro, dejaron de recibir respuestas básicas del IASEP, y sienten que sus derechos elementales no paran de ser vulnerados, ante la incapacidad del IASEP, que maneja sus recursos en el marco de una extraordinaria caja negra, cuyo destino muy pocos conocen.