“Es importante determinar si la Municipalidad realizó las correspondientes aprobaciones, fiscalizaciones e inspecciones de las obras, así como la calidad de los diseños técnico de sus planos, y si los materiales utilizados para la construcción de las módulos se encontraban dentro de los estándares mínimos de calidad exigidos para la construcción de viviendas de interés social, establecidos por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación”, detalló el legislador comunal de la UCR.
“El Gobierno no puede ser el primero en violar las ordenanzas que rigen las formas y condiciones que se deben cumplir a la hora de construir en la ciudad”, advirtió. 
“Cuando se realizan obras tan importantes, y con la finalidad social de incluir a vecinos que sufren situaciones extremas que impiden sortear los obstáculos para lograr la tan ansiada inclusión social, es imperioso garantizar las condiciones adecuadas de habitabilidad”, consideró. “Debieron tener en cuenta los aspectos fundamentales para disminuir al mínimo los riesgo de mantenimiento y conservación, a la hora de prever la vida útil mínima de los módulos habitacionales que se construyeron con fondos públicos y con un sentido social habitacional”, acotó.
“Si los vecinos se inundan, es porque el gobierno no hizo las obras como debió hacerlas, si los módulos habitacionales tienen defectos en la construcción poniendo en riesgo la seguridad e integridad de quienes lo habitan, es porque el Estado no controlo a los que las hicieron permitiendo que los amigos hagan negocios, aun en contra de la seguridad de los formoseños que menos tienen”, conjeturó. “Y eso es responsabilidad de todos los que hicieron las cosas mal y de los que debieron controlarlos y los dejaron hacer; y en algún momento alguien va a tener que responder”, embistió.