Olga Duarte denunció hace once años a Radrizzani, a la que acusó judicialmente de usurparle, hace once años, dos terrenos, pero la funcionaria posee documentaciones firmadas por el fallecido esposo de la demandante al momento de venderle los terrenos en 1994.
Acaba de trascender que Duarte fue varias veces acusada, por distintos vecinos de la ciudad, de pretender recuperar propiedades que legítimamente fueron adquiridos, pese a la presencia de boletos de compra-venta, confeccionado y reconocidos legalmente por los compradores, a propuesta del marido de la mujer.
Ella vive en Corrientes, pero en los últimos meses acentuó su presencia en Formosa para intentar recuperar los terrenos que su esposo vendiera hace casi 30 años, aunque sus reclamos recién trascendieran muchos años después.
Desde el entorno de la funcionaria provincial dejaron trascender que lo ocurrido fue un  duro e inesperado golpe, pero que se mantienen firmes y completamente confiados en la restitución de un bien que adquirieron legítimamente para destinarlo a la vivienda familiar, amparados en la contundencia de las documentaciones y del tiempo que llevan ocupando el lugar.
Por la tarde, una decena de efectivos de la Policía provincial aún mantenían sitiado el acceso a la propiedad, muchas horas después de forjar los portones e ingresar, en cumplimiento de una orden del juez Raúl López Uriburu, en lugar de apelar al oficio de un cerrajero, como sucede en casos similares, para ingresar a la propiedad.
Al momento del procedimiento, la casa se encontraba casi deshabitada, de no ser la solitaria presencia de una empleada, haciendo sus habituales labores domésticas, ya que el resto de sus habituales moradores, estaba en sus lugares de trabajo y de estudios, como lo hace, habitualmente, en una jornada habitual. Esta descripción echa por tierra la versión de una supuesta resistencia al allanamiento que recorrió las redes, seguramente  impulsadas deliberadamente por quienes también se ocuparon de divulgar imágenes de la actuación policial y del interior del predio, sobre avenida Pueyrredón.
El olor a un operativo montado intencionalmente comienza a imponerse ahora, generando enormes dudas las razones que movilizaron a los autores cerebrales de una maniobra, muy emparentada con un sesgo político, a pesar de que la familia no frecuenta ese ámbito.
Se trata de un golpe a una reconocida familia del medio, solidaria en muchos de sus actos, y de intachable trayectoria laboral, profesional y familiar, y sus hijos con una vida propia de estudiantes, muy arraigados con la comunidad que frecuentan.