Mientras la conocida funcionaria se mantiene a derecho, diputados del radicalismo sorprendieron con una presentación para separarla del cargo por presunto mal desempeño de sus funciones.
Lo extraordinario es que mientras los legisladores conjeturan la irregularidad, anuncian que pidieron informes a varios organismos públicos para finalmente determinar si existe o no la anomalía. Como María Elena Walsh, en "El mundo del revés", los radicales primero golpean, luego intentan averiguar si era justo hacerlo.
Sólo se trata de una figura civil, a todas luces de orden privado que nada tiene que ver con el rol de funcionaria pública, y sus actividades laborales en el Tribunal de Cuentas.
La abogada Radrizzani fue desalojada de los fondos de la propiedad que ocupa junto con su familia hace 28 años, sobre avenida Pueyrredón y, desde entonces se limitó a guardar silencio, en espera de una decisión judicial que, según pudio establecer este medio, comenzó hace 18 años.
Se trata de expediente 235, folio 120, año 2005, que comenzó con la causa caratulada “Julio César Garay Fernández s/ sucesorio”.
Como consecuencia de esta presentación en el juicio sucesorio, Olga Duarte, la esposa de la persona que le vendió el terreno a Myrian Radrizzany, respaldada con un boleto inician lo que se denomina redargucion de falsedad, una acción impugnatoria para destruir la eficacia de un instrumento probatorio de tipo público. Las intenciones de la Duarte golpean contra las decisiones de un juez de Primera Instancia, y también con la Cámara de Apelaciones.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia, con posterioridad, tuvo una mirada distinta, y ordenó el desalojo de la propiedad, lo que se materializó hace pocos días.
En 2014, con el expediente 1072, Radrizzani inicio el Juicio de Escrituración en el juzgado Civil y Comercial 6, y de acuerdo con fuentes cercanas a esa unidad judicial, se encuentra en etapa de sentencia.