La semana pasada, en una sesión extraordinaria de extrema urgencia, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) emitió la resolución  056/22, en la que se declara la emergencia económica y financiera en la casa de estudios.
Según el documento, se toma dicha decisión “ante el arbitrario discriminativo envío de fondos insuficientes por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en detrimento de la UNaF, correspondientes a los acuerdos paritarios de julio (41 %) y de agosto (7 %) y el deficiente envío de fondos de gastos de funcionamiento desde el mes de mayo (sólo envía el 10 %), hasta tanto se regularice el envío de los mismos”.
En otro apartado, la resolución autorizó al rector Parmetler “a emplear todas las medidas pertinentes en favor y defensa de los trabajadores docentes y no docentes, estudiantes, graduados, representantes de la comunidad, y miembros de la comunidad universitaria de Formosa”.

A PURO GALOPE Y GUACHA
En los últimos meses, el gobernador Insfran, utilizando distintos mecanismo y diferentes estrategias, atacó a la administración universitaria, intentando desestabilizar su funcionamiento, en lo que para muchos fue un intento por echar al rector, y poner en su lugar a un alfil de su confianza. El presunto objetivo del caudillo peronista, estaría centrado en la cooptación de un organismo clave para el manejo político y electoral de su población, pero además, el manejo de un presupuesto millonario que posibilita el empleo a cientos de docentes y administrativos.
Hoy, frente a los reiterados reclamos de la UNaF, por el envío de menos de los fondos para “Gastos en Personal”, la Secretaría de Políticas Universitarias en su informe ante el juez Federal de Formosa ponderó la decisión unilateral que tienen las universidades para manejar el destino de los fondos girados por el Ministerio, pudiendo; incluso, para “no pagar los salarios de su personal aun cuando la Secretaría de Políticas Universitarias haya efectivizado la transferencia de los fondos en concepto de gastos de personal. Ello es así, en virtud de las facultades unilaterales e inconsultas que la autonomía y autarquía constitucionalmente reconocidas les habilita”, planteó.
Con esta posición, desconoció los derechos a la intangibilidad del salario, a la estabilidad del empleado público, consagrados en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.
También ignoró el principio de igualdad en relación a la discriminación en comparación con las demás universidades a las cuales si les ha enviado la totalidad de los fondos para solventar gastos de personal y de funcionamiento.
El grado de fortaleza que la SPU ejerce para ahogar a la UNaF sólo exhibe el enorme poder político de Gildo, sin que importe los brutales efectos que el ahogo financiero causará sobre el funcionamiento académico de la UNaF.
Hoy no puede dudarse que con la creación de la Universidad Provincial de Formosa, Gildo pretende reemplazar a la UNaF, manteniendo un aceitado plan de descredito académico, y el ahogo financiero surgido en los últimos días que repercutirá en un normal funcionamiento. Pero, también, porque la actual estructura universitaria no se alinea con el ideario doctrinario de dependencia que estimula y necesita para conservar el poder que aun ostenta, en medio de los duros reparos sociales que no paran de crecer.