Se trata de un escenario que trascendió al terreno nacional, y hoy por hoy transita por el tratamiento del presupuesto universitario en comisiones en la Cámara  de Diputados, lo que sorprendió tanto a diputados nacionales como a los rectores de todo el país. Dentro de las proyecciones estimadas para 2023, el ítems referido al Instituto Universitario  de Formosa al que se le asigna una partida de 460 millones dejó sin aliento a muchos, porque se pretende formalizar un importante monto a un establecimiento que dejó de existir para dar lugar a la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLB), pero sin carrera alguna de validez nacional.
Muchos funcionarios se han desayunado con esta medida que tomó un notable carácter público, mientras reprochan por lo bajo el lánguido criterio adoptado para asignar esos fondos a la administración de Gildo Insfran, estableciendo un trato desigual con otros institutos de educación superior existentes en el país.
En paralelo está la reciente creación de la UPLB, la tierra natal del gobernador de Formosa, quien, en agosto, anunció entre bombos y platillos la apertura  de la Facultad de Medicina, y a renglón nomás  las inscripciones a las dos  carreras de esa unidad: Medicina y Enfermería.
En varios foros académicos argentinos, crece el debate y el descontento con el tratamiento que la SPU le da a un funcionamiento claramente marcado por el sesgo político, muy por encima del carácter trascendental que debiera tener la faz formativa. Dentro de esos intercambios, se cuestiona con énfasis
la celeridad que se otorga al protocolo marcado para habilitar el dictado de esas dos carreras, prácticamente un récord, lo que no condice con la historia, la responsabilidad y el compromiso que debieran existir para la implementación de Medicina y Enfermería.
Y, es que el que circunda el ambiente universitario conoce los tiempos burocráticos y los procesos académicos que conllevan a lograr una autorización de estas carreras en el ámbito  del Ministerio  de Educación  de la Nación, en la Secretaría de Políticas Universitarias y en la CONEAU.
Las universidades con sus respectivas facultades, tienen un procedimiento de aprobación de los órganos de gobierno para elevar y pedir autorización para el dictado de las carreras. Y, en ese escenario, llevado un tiempo prudencial mínimo de tres años, para conseguir  el permiso para la apertura.
Formosa hoy se planta como la excepción, el poder y peso político de Gildo Insfrán parecen estar por encima de lo académico y más aún, las autoridades del Ministerio de Educación y de la SPU responden a raja tabla a las órdenes del caudillo formoseño que, en vísperas a su octava postulación necesita anuncios rimbombantes, sin que le importe debiera estar por encima de lo político.