Confirman condena de 15 años para un hombre que violó a su hijastra durante 5 años

LOCALES 02/07/2016 Por
Los abusos comenzaron cuando la niña tenía 10 años. El fallo está sustentado en el relato de la víctima. Las actuaciones se iniciaron a partir de la intervención de la Línea 102, consideradas claves para el esclarecimiento del hecho.
violador
Imagen testimonial
El Superior Tribunal de Justicia, constituido en Tribunal de Casación, confirmó la condena a 15 años de cárcel aplicada por la Cámara Segunda en lo Criminal a un hombre que abusó sexualmente a su hijastra desde que la niña tuvo 10 años y hasta que cumplió 15, cuando la menor decidió por su cuenta irse a vivir con su padre biológico, harta del infierno que había estado viviendo los últimos cinco años de su vida.
Este aberrante hecho ocurrió en la localidad de Villa General Guemes, donde la menor convivía con el condenado, quien era concubino de su madre, en la casa que todos compartían en el barrio La Primavera de la referida ciudad. También integraban el grupo familiar, otros dos hermanos por parte de padre y dos hermanas mujeres, hijas del abusador.
La convivencia durante la cual el acusado asumía el rol de jefe del grupo familiar, se mantuvo hasta el mes de agosto de 2012, cuando la menor decidió por su cuenta irse a vivir con su padre en el barrio San Miguel de la misma localidad, cuando ella ya contaba con 15 años de edad.
Según pudo probarse durante el proceso, el hombre abusaba sexualmente de la menor, con y sin acceso carnal, desde que la niña tenía diez años de edad, generalmente en la casa que compartían, cuando la madre de la víctima se ausentaba por algún motivo, pero, especialmente, cuando viajaba a la localidad de Ibarreta a cobrar la pensión de la que era titular y en otras ocasiones, en la chacra que tenía el condenado.
A través del fallo 4666, el STJ confirmó en todos sus términos la sentencia de la Cámara Segunda en lo Criminal y rebatió todos los argumentos esgrimidos por la Defensa del condenado en la audiencia de Casación.

RELATO VERAZ
Al fallo judicial está sustentado en el relato de la menor víctima, quien de manera notable mantuvo el núcleo central de los hechos narrados a través de los años. Las primeras versiones brindadas a su padre, a la asistente social, la prestada en la causa y, posteriormente, la vertida en el debate ante el Tribunal de Juicio, mantienen un inocultable hilo conductor, desde los primeros tocamientos a los que era sometida por su padrastro, la oportunidad cuando fue sorprendida en ese trance por su madre, el castigo al que ésta fue sometida, la primera vez que fue abusada con acceso carnal en el domicilio donde vivían, el acometimiento de otros abusos al menos una vez al mes, coincidiendo con los viajes que hacía su madre a Ibarreta para cobrar la pensión; el clima de terror que se vivía en la casa producto de los constantes castigos que el abusador aplicaba no solamente a ella, sino también a su madre y a sus hermanos varones, los detalles brindados a su hermano; las lesiones severas a la que hizo referencia la menor víctima, verificadas por el forense, que acreditan los castigos corporales que había sufrido y que causaron “repulsión” en el profesional y el categórico informe de la psicóloga interviniente, sobre la inexistencia de indicadores de fabulación ni influencia de terceros en sus dichos advirtiendo, por el contrario, indicadores psicológicos y emocionales que serían compatibles con abuso sexual, mencionando “sentimientos de angustia e inhibición asociados a un hecho traumático y a la figura de su padrastro en relación a su sexualidad e imagen corporal, vergüenza y culpa respecto al propio cuerpo”.
En este sentido, dice el STJ que existen indicadores que permiten verificar la credibilidad de los dichos de una víctima de violencia sexual. Lo primero que se examina son las características generales de la declaración y requieren el examen de la declaración como un todo, ya que los criterios se refieren al testimonio completo. Estos criterios constituyen un primer paso en el análisis y se pueden evaluar sin referencia a los detalles del contenido de la declaración. El primero de los criterios es la estructura lógica que aparece cuando los diferentes detalles en una declaración describen de forma independiente el mismo curso de evento, es decir, si la declaración completa encaja. La producción desestructurada se basa en que los testimonios falsos suelen presentarse de una manera continuamente estructurada y generalmente cronológica. Además, la declaración debe contener una cantidad suficiente de detalles para que sea posible proceder a su análisis, por ejemplo, sobre la localización, personas, objetos y acciones implicados en el abuso”.
Del mismo modo “la aparición en el relato de descripciones de interacciones referidas a la agresión sexual entre el agresor y el menor es un indicativo de credibilidad, de igual modo que si reproduce conversaciones mantenidas con el agresor en el transcurso de la agresión o en conversaciones relacionadas con ella”
Asimismo, la aparición en la declaración del menor de detalles inusuales o únicos con visos de realidad es un indicativo de la realidad de la declaración. Ya que su probabilidad de ocurrencia es muy baja, no es esperable su aparición en relatos inventados. También los detalles superfluos narrados por el menor son un indicativo de realidad, ya que cuando una persona miente no es probable que se invente detalles que son irrelevantes para la acusación. Tampoco es esperable encontrar en relatos inventados alusiones al estado mental del menor ni al del agresor. La alusión a sentimientos, emociones u otros estados mentales de los implicados en la agresión se consideran indicadores de realidad en cuanto que no se espera que estén presentes en relaciones ficticias.
A criterio del STJ, todos estos conceptos se aplican al caso sometido a juicio, ya que la menor fue proclive a dar suficientes detalles, algunos hasta desconectados del hecho principal (como la moto utilizada por el acusado, el modo en que salió de la escuela, por ausencia del “profe de música”, el día en que decidió refugiarse en la casa de su padre biológico o la intervención posterior de la asistente social), sin perjuicio de aquellos directamente vinculados a los abusos, existiendo una testigo presencial de los tocamientos, quien declaró de tal manera en el Debate y cuyos dichos se reproducen en la sentencia impugnada.
Todo esto sucedía en un evidente cuadro de violencia doméstica que se vivía en el domicilio del acusado, quien propinaba frecuentes golpizas a los tres hijos de su pareja y que determinaron que estos dos últimos se fueran a vivir con su padre biológico, el último a los cinco días de venir a residir con el condenado y el primero años después, harto de tanto malos tratos “los abusos sexuales a los que fue sometida la menor encontraron terreno fértil en ese clima de terror, donde todos callaban por temor a los frecuentes castigos físicos del acusado y si bien es cierto no se está juzgando al acusado en su rol de padre, es imposible escindir todo el cuadro que se vivía en esa vivienda, porque la violencia cotidiana facilitaba la consumación de los abusos”, enfatiza el fallo de los jueces Ariel Gustavo Coll (primer voto), Ricardo Cabrera, Eduardo Hang, Marcos Quinteros y Guillermo Alucín.

LÍNEA 102
El acusado niega en todo momento haber abusado sexualmente de la menor y atribuye denuncia formulada por el padre de la misma, a un resentimiento anterior y al deseo del denunciante de apropiarse de la casa donde convivía con la ex-pareja del denunciante. El Tribunal consideró a este argumento inconsistente, porque, en primer lugar, las actuaciones se iniciaron a partir de la intervención de la Línea 102. Como se sabe, la Línea 102 es un servicio brindado por autoridades de Minoridad, donde se pueden hacer denuncias anónimas por malos tratos a niños, niñas y adolescentes.
Es a través de la misma, que la responsable de la Línea 102 en la localidad de Villa General Güemes, asistente social Lidia Noemí Diaz, toma conocimiento de una denuncia por malos tratos del condenado hacia sus hijas y en ocasión de recabar elementos para producir el informe que debía realizar, entrevista al padre de otros menores que habían convivido con aquel, enterándose en esa oportunidad del abuso sexual del cual había sido víctima la menor, quien luego comparece ante su oficina en la Municipalidad de Villa General Güemes, ratificando el relato del padre y contando el abuso sexual con mayores detalles
La versión coincide con la que se expone en la denuncia, de lo que el Tribunal infiere sin dificultad, que de no haber mediado la intervención de la asistente social responsable del servicio antes mencionado, difícilmente el padre de la víctima hubiera tomado la decisión de denunciar e instar la acción penal en los términos del artículo 72 del Código Penal, acto que ratifica posteriormente ante el Ministerio Público Fiscal.
“El acompañamiento eficiente del Estado en este caso, ha sido importante para dilucidar las traumáticas experiencias vividas por la menor, dando cumplimiento al artículo 7 de la Convención de Belem do Pará y 19 de la Convención de los Derechos del Niño”, destaca la sentencia del STJ.
En segundo lugar, la pretendida vocación del denunciante de apropiarse de la vivienda donde convivían el acusado con su pareja, no pasa de una mera afirmación de este último en su defensa, sin sustento probatorio alguno y colisiona con el informe que reveló que el denunciante y padre de la víctima, es titular del terreno que habita y de las mejoras existentes, en tanto la vivienda donde residía el acusado, posee una solicitud de adjudicación en venta a nombre de su concubina.

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