Acusaron formalmente a “Pombero” Rodríguez de apropiarse de un terreno, aplicando “una ingeniería administrativa”

LOCALES 02/03/2018 Por
El abogado Matías Berger denunció formalmente un caso de corrupción que involucra a un funcionario provincial muy ligado al poder político lcoal. El caso vincula, además a un concejal capitalino y, al menos, a una empleada pública; pero, además, al propio gobernador Insfran porque “aunque fue informado del suceso jamás adoptó decisiones para frenar los hechos”, de acuerdo con el conocido letrado.
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Berger formalizando su presentación.

“Aquí habría un acto de corrupción que consiste en el desvío del destino que la ley ha asignado a una cosa – nada menos que un inmueble fiscal céntrico - , inmueble que debió ser adjudicado a alguna persona que lo necesite para construir una vivienda o instalar un comercio o una industria, mediante el procedimiento que la legislación sobre la materia claramente dispone”, contextualizó el abogado en un escrito de casi diez fojas que le presentó al fiscal penal de turno.
“Pido se investigue la presunta responsabilidad en la compra, por parte del interventor del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia del inmueble matrícula 20.747, ubicado en calle Brandsen 154”, reveló Berger.
Planteó que el referido Instituto “vendió este inmueble fiscal urbano y el comprador a la vez transfirió a un tercero en el año 2.012, quien el 09/11/16, se lo vendió al responsable del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, quien de este modo se ha convertido en titular del bien”.
“Los hechos parecieran indicar que un funcionario público habría realizado una operación triangulada para pasar a ser titular de un inmueble fiscal. Dicho inmueble fiscal cuando fue vendido se hallaba baldío, y al mes de noviembre de 2017 se encuentra en el mismo estado; en el año 2010, un vehículo dominio HKE 213, inscripto a nombre de Liliana Elizabeth Báez, empleada del Instituto de Colonización, con domicilio en Policía de Territorios Nacionales 1556, de esta ciudad; ello indica que el “comprador” sólo sería un testaferro, ya que si el terreno le pertenecía porqué se utilizaba para estacionar vehículos de una empleada de dicho organismo; ello surge del Estado de Dominio Histórico brindado por el Registro de la Propiedad del Automotor que presentó”, razonó el abogado del medio.
Y continuó su relato: “Otro vehículo también estacionado es el JEH555 a nombre de María Pascuala Benítez Gómez, con domicilio en Policía de Territorios Nacionales 1556,de esta ciudad, con cédula de autorización a nombre de Liliana Elizabeth Báez. Al parecer la titular también sería empleada del Instituto u otro organismo del Estado”.
“El Instituto de Colonización y Tierras Fiscales “vendió” el inmueble mediante un acto nulo -escritura 38 - y ahora lo “compra”, la misma persona que en representación del instituto, es decir del Estado, hizo la venta lo que hace suponer habría realizado una clara maniobra para quedarse con el bien inmueble”, redondeó.
Por otra parte, reveló que “con fecha 22 de diciembre del año 2.010 presentó al gobernador Insfran una nota poniéndole en su conocimiento conductas que serían violatorias de las normas legales que regulan la disposición de tierras fiscales urbanas”.
“Hoy, a la luz de los informes de dominio brindados por el Registro de la Propiedad Inmobiliaria advierto, además, que habría existido una maniobra para triangular una operación inmobiliaria siguiendo estos pasos: Manuel Rodríguez en representación del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales vende el inmueble en las condiciones mencionadas, por escritura 38 del 10/05/91; el comprador, Roberto Fleitas sin hacer ninguna mejora ni cumplir ninguna obligación legal lo transfiere en 2.012 a un legislador municipal, quien luego se lo “vende” al funcionario responsable del Instituto de Colonización, Manuel Rodríguez en noviembre de 2.016”, meditó.
“¿Se puede pensar que este último comprador, funcionario del Instituto que intervino en la venta del inmueble fiscal, desconocía los antecedentes de dominio del inmueble, su historia?”, interrogó con claro tono acusatorio.
Para Berger, “esto podría ser una maniobra para que el responsable del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales quede como titular de un inmueble fiscal urbano”.
“Sin dudas que se trata de la utilización de una verdadera ingeniería administrativa, ya que el mecanismo requiere un profundo conocimiento de las leyes, pero sobre todo, del manejo estructural del organismo rector de la tierra en la provincia”, señalo. "Es inevitable pensar en la existencia de muchos otros casos, en toda la geografía provincial, de situaciones como esta; donde algunos funcionarios aprovechan el poder que tienen y que le permiten para apoderarse indebidamente de la tierra que debiera ser para los formoseños de bien que la necesitan", advirtió.

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