Buscan implementar, en forma obligatoria, el botón antipánico

LOCALES 25/04/2016 Por
Si prospera un proyecto de ley del radicalismo local, el Gobierno provincial deberá entregar un dispositivo de localización y alerta a todas las personas cuya integridad física sea considerada en peligro por tener antecedentes judiciales de violencia familiar
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Cristina Erico.

La diputada provincial, María Cristina Erico impulsa un proyecto de ley que declara obligatoria la entrega de un dispositivo electrónico a todas las personas que sufriesen lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo
Familiar que integra; también a quienes se encuentren en riesgo de vida, en virtud de ser consideradas víctimas de violencia, constitutiva de delito como no constitutiva de delito en el proceso judicial.
La iniciativa alcanza, concretamente, a las personas comprendidas por la ley provincial 1160 y concordantes y específicamente se refiere al botón antipanico, un dispositivo que sirve para localizar y alerta a autoridades de la fuerza de seguridad. Para estos casos, contará con un grabador de sonido y voz que se activara de manera automática al pulsarlo y podrá ser empleado como medio de prueba en el proceso judicial en el cual fuera requerida su aplicación.
“La fuerza de seguridad alertada de una situación de violencia domestica, deberá concurrir al lugar indicado de manera urgente y actuar con la mayor diligencia posible”, estipula el proyecto de la doctora Erico.
Los jueces de Familia, los juzgados de Primera Instancia en lo
Correccional y de Instrucción, los de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, los de Paz o de otros tribunales por los cuales transite el proceso serán competentes para resolver la petición de aplicación de botón antipánico. “La aplicación del dispositivo podrá ser requerido en forma conjunta con otra medida protectiva solicitada como medida cautelar, pudiendo esta ser mantenida hasta la conclusión del proceso judicial”, considera el texto que presentó la legisladora radical.
En materia operativa, será el Gobierno provincial quien garantice la entrega “inmediata y gratuita” de los dispositivos de alerta a la víctima por el termino que la medida judicial disponga y con conexión directa al centro de monitoreo correspondiente.

PELIGRO EN LA FAMILIA
“En Formosa, durante el año 2014 y según un informe de la Oficina de Violencia Intrafamiliar (OVI) dependiente del Tribunal de Familia, hubieron 5 muertes por femicidio, es decir que hay una víctima cada 57 mil mujeres formoseñas; evidentemente el peligro acecha en el entorno cercano a la víctima”, razonó la parlamentaria al fundamentar su proyecto.
“Solo un 7% de los femicidios fueron cometidos por extraños; el máximo peligro lo representan las personas con quienes se mantiene o ha mantenido un vínculo sentimental (parejas, ex-parejas, novios, maridos, convivientes). De este círculo íntimo proviene el 57% de los femicidios, que sumado a familiares y conocidos indica que al 75% de las mujeres las mató algún allegado”, agregó, citando el mismo área judicial.
“En algunos de los casos donde se produjo la muerte de la mujer agredida, el agresor estaba excluido del hogar conyugal o tenía una restricción perimetral impuesta; entonces, las medidas protectivas impuestas por jueces de Familia, o incluso por los del fuero Penal dentro del marco de una investigación pueden dar resultado, en tanto y en cuanto el violento se someta a las decisiones judiciales y a las reglas del proceso. Pero muchos de los violentos de ordinario no respetan esas decisiones e intentan de cualquier forma continuar generando actos violentos contra su víctima”, dijo
Para Erico, su iniciativa apunta a extremar las medidas para que en la practica, tanto los jueces que deben autorizarla como las víctimas, “puedan ante una coyuntura crítica tener una herramienta legal, eficaz, que incluso pueda a estas, ante la emergencia, salvarles las vida; la experiencia demuestra que tal afirmación no es una exageración, las estadísticas así lo demuestran”.
En ese terreno, consideró que “el botón antipánico es una herramienta más pero, para que tengamos menos mujeres víctimas de violencia se debe involucrar bastante más la sociedad en su conjunto, con políticas de estados permanente”.
“Este dispositivo será de carácter obligatorio en todo el territorio de Formosa, para todas las personas que se encuentran comprendidas en los dos primeros artículos de la Ley 1.160 e incluso en aquellos procesos donde se investigan delitos por violencia de genero, donde la propia víctima o el fiscal interviniente pueden requerir al juez la aplicación de esta herramienta de protección incluso en forma conjunta con otra medida cautelar”, explicó.

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