¿Por qué el Colegio de Abogados oculta las refacciones de su sede?

LOCALES 27 de abril de 2016 Por
Un vetusto letrero sólo alude con simbologías al padrino financiero de la obra, nada dice de los detalles que por norma debe contener. A más de 16 meses de iniciados los trabajos, nada se sabe de lo hecho en el interior del local.
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La ampliación de la sede de los letrados fue licitada en 2014 y en enero del año siguiente arrancaron los trabajos a ejecutarse sobre unos 850 metros cuadrados. Ya transcurrió más de nueve meses del plazo determinado para la conclusión de la tarea. Hoy, un cartel de obra reemplazando al anterior (FOTO), se muestra frente al edificio de calle San Martin, con leyendas y símbolos alusivos al Gobierno provincial. Empero, nada dice de las características técnicas de la tarea a cargo de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de Planificación provincial.
El Reglamento General de Construcciones, determinado por la ordenanza 710 dice que en toda obra nueva o de ampliación, modificación o refacción, será obligatoria la colocación sobre el frente y en lugar visible de un letrero que especifique número y letra del expediente de la obra; nombre y apellido del o los profesionales intervinientes; categorías y números de matrícula.
También sostiene que podrá inscribirse cualquier otro dato relacionado con la obra o con los profesionales, siempre que no tenga carácter de propaganda comercial.
Hasta no hace mucho tiempo, un cartel de obra, conteniendo todos los datos inherentes al proyecto fue visto tras una de las rejas que protege una de las ventanas del frente del local. Por alguna razón hoy, otro cartel está instalado en el parterre, pero ignorando lo que marca la reglamentación vigente.
El costo de la obra, adjudicada a Néstor Naser Construcciones, asciende a unos 4.5 millones de pesos y está solventada por el Gobierno provincial y fue
Como ocurriera con la sede de la CGT que conduce el oficialista Hilario Martínez, con un presupuesto de casi tres millones de pesos y adjudicada a una empresa casi desconocida en los ámbitos empresariales y el local a nuevo del Colegio de Magistrados y Funcionarios, el Gobierno provincial continúa con su objetivo de cooptación de organizaciones privadas. Estos nucleamientos debieran mantener una sana distancia del poder institucional, porque frecuentemente ambos roles colisionan y en esos casos debe prevalecer la sana conducta de los derechos que asiste a los miembros de cada una de las partes.

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