El jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Central de Formosa, Eduardo Mariño Ávalos desmintió la versión publicada en este diario, sobre supuestos negociados en la comercialización de prótesis dentro del establecimiento, y aseguró que con su reciente incorporación “se avanzó en la aplicación de un nuevo sistema en la adquisición de esos elementos, apuntando en conseguir celeridad y transparencia”.
El intendente de Subteniente Perìn, Diego Romero, intimó al propietario de un miserable local dedicado a la venta de frutas y verduras, a realizar, en un plazo perentorio, una inversión que sobrepasa los 50 mil pesos sobre las humildes instalaciones; de lo contrario, le clausurará la actividad con la que el comerciante apenas reúne el dinero para alimentar a su grupo familiar. Penoso ejemplo de una realidad extendida, en un escenario de restricciones sumamente complejo y sin salida a la vista. Cuando el Estado se muestra omnipotente y pierde de vista su rol.
Organizaciones sindicales locales le enviaron un documento al intendente de la segunda ciudad, y conjeturando que puede resolver la traba que en los últimos días surgió para que la fruta roja no llegue a la localidad fronteriza, advirtieron que el funcionario está en condiciones de poner fin al escenario que afecta a decenas de pequeños productores del norte provincial.
Ante el habeas corpus colectivo que presentó el senador Luis Naidenoff en representación de varios formoseños impedidos de regresar a la Provincia, la Corte Suprema de la Nación intimó al Gobierno provincial y le requirió información. “Se vislumbra un fallo que beneficie a los más de 4mil formoseños que esperan volver a casa”, conjeturó el parlamentario de la UCR.
El concejal capitalino Fabián Olivera advirtió que las declaraciones del intendente municipal de Clorinda, Manuel Celauro, marcan “la esencia frágil y mezquina del proyecto que encarna Gildo Insfran”, rescató “la necesidad de no transar jamás cuando lo que está en juego es la salud”, y le pidió al ministro González que le conteste al jefe comunal de la segunda ciudad.
El jefe de bancada del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Ricardo Carbajal, consideró imprescindible “democratizarnos”, para cambiar el “actual estado de cosas”, y planteó la necesidad de “fortalecer las instituciones públicas como paso ineludible para acabar con la pobrísima imagen que tiene la provincia en el resto del país, y que lo padecemos quienes vivimos en ella”.
El intendente de la ciudad, dispuso un incremento salarial del 5 por ciento para los empleados municipales a partir del mes de julio, que se suma al 15 por ciento otorgado en el mes de marzo, al adherir a la medida adoptada por el gobernador Insfran.
Empresario de la ciudad sureña reclamaron al Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 que aquellos camioneros cuyo único destino sea la zona de carga y descarga del pueblo dejen de ser obligados a presentar el certificado PCR negativo a coronavirus, para realizar sus actividades. Dudas sobre nuevos requisitos del protocolo.
El diputado provincial, Ricardo Carbajal, volvió a pedirle al gobernador Insfran que “deje de mentirle a los formoseños”, y que asuma una “postura política con responsabilidad y seriedad, como corresponde con un funcionario público”, luego de rechazar las “supuestas expectativas ante un desconocido planteó de Formosa a Nación por una tarifa energética diferencial”.
El Gobierno provincial no tarda mucho en reafirmar su marcada intolerancia, y su incapacidad para mantener aseada la legislación que determina; tampoco se muestra lento, al erradicar las críticas y los movimientos contrarios a su pensamiento, y sólo apela al uso de esas mismas normas, casi exclusivamente para perseguir y atemorizar.
Ocurre en las afueras de Laguna Naineck, en pleno corazón agrícola de Formosa. La dejaron de lado como proveedora del Nutrir, sólo porque reclamó una deuda que el ostentoso plan oficial mantenía con ella hace varios meses y, además, porque por la radio del pueblo expuso que paga por cada arada que la Comuna le hace en su pequeña chacra, con lo que contradijo al intendente. Pero también, osó quejarse del indignante precio que pretenden asignarle a la banana que con tanto sacrificio produce: cien pesos por cada caja de 22 kilos.
Los bananeros de Laguna Naineck hicieron sonar las bocinas de sus vehículos este jueves, por las calles del pueblo, en busca de reivindicaciones históricas de todo tipo, pero la movida fue relegada por las declaraciones del intendente del lugar, cuya obsoleta postura política vino a integrarse a las muchas razones que existen para entender el origen de la pobreza de la zona.
